El senador Martín Quezada y la representante Raquel Terán presentaron sendos proyecto de ley que buscan derogar lo que queda de la Ley del Senado 1070, (SB 1070), la conocida ley de inmigración de Arizona que se promulgó hace una década; sería el duodécimo intento, aunque ninguna de las propuestas anteriores ha llegado al pleno en la Legislatura.

La SB 1070, que permitió a las fuerzas del orden público solicitar los documentos de personas sospechosas de estar en el país ilegalmente, fue declarada en gran parte inconstitucional en 2012, pero permanece en los libros dentro del estado.

Los legisladores demócratas presentaron una propuesta que eliminaría por completo el controvertido proyecto de ley, que aunque es simbólica, todavía tiene ramificaciones tangibles para los residentes latinos de Arizona.

“Obviamente, la SB 1070 original, que se aprobó en 2010, era un proyecto de ley bastante antiinmigrante, y aunque muchas de las partes fueron eliminadas por la Corte Suprema porque eran inconstitucionales, nunca ha habido ningún esfuerzo para eliminarla de nuestras leyes y borrar la marca negra en la historia”, dijo Quezada.

Martín Quezada.

La nueva propuesta, titulada intencionalmente SB 1071, está copatrocinada por legisladores demócratas, incluidos los senadores Lela Alston, Ann Gonzales, Juan José Méndez y Tony Navarrete, así como los representantes de la Cámara Raquel Terán, Athena Salman, Diego Rodríguez y Charlene Fernández.

Se espera que la propuesta encontrará la oposición de los miembros conservadores de la Legislatura, quienes continúan promocionando la necesidad de SB 1070 y se han opuesto en años anteriores.

La ex gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó en abril de 2010, la SB 1070, una serie integral de medidas contra la inmigración, titulada formalmente la Ley de Apoyo a la Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros.

Se tenía como objetivo reducir el número de inmigrantes dentro del estado ilegalmente a través de la deserción, haciendo la vida tan difícil para las personas indocumentadas que se vieran obligadas a irse, al aumentar el poder de las fuerzas del orden público para investigar a cualquier persona sospechosa de estar en el país ilegalmente.

La ley se centraba en cuatro disposiciones: permitía a la policía solicitar documentos de inmigración de cualquier persona detenida o arrestar a una persona sin una orden judicial si creía que había cometido un delito deportable.

También convirtió en un delito estatal que los inmigrantes legales no llevaran documentos de registro y que las personas indocumentadas solicitasen trabajo.

“La gente tenía miedo de llamar y denunciar crímenes que ocurrían en su comunidad, porque no confiaban en la aplicación de la ley, y todavía estamos lidiando con los restos de eso hoy, con una relación completamente rota”, dijo Raquel Terán.

La diputada Raquel Terán y sus invitados al inicio de la nueva sesión legislativa del 2020.

El proyecto de ley provocó conmoción nacional, pero fue desechada en gran parte por la Corte Suprema en 2012 y se logró un acuerdo posterior de una demanda presentada contra el estado por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos de derechos de inmigrantes.

Muchos atribuyen la oposición a SB 1070 como el inicio de su activismo político.

“La SB 1070 representaba el pináculo de un creciente movimiento antiinmigrante y anti latino en Arizona , pero una década más tarde, hemos convertido el estado en púrpura”, dijo Quezada, quien vio pasar el proyecto como asistente legislativo.

La primera disposición de SB 1070, etiquetada por los oponentes como la medida “Show Me Your Papers”, sigue vigente hoy, pues si un oficial comienza a sospechar que una persona detenida por un posible delito estatal o local, como manejar bajo influjo (DUI), se encuentra ilegalmente en el país, debe solicitar los documentos de de la persona y comunicarse con el Servicio de Inmigración y Aduanas para verificar su estado legal.

Cuando una persona presenta una licencia de conducir válida, el oficial puede optar por no comunicarse con ICE y tampoco puede retener a una persona por más tiempo para verificar su estatus migratorio.

Los únicos comisarios de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO) tienen prohibido interrogar a nadie sobre su estado migratorio; debido a una orden judicial en la demanda en curso Melendres v. Arpaio, por perfil racial.

La política de MCSO ahora prohíbe a los empleados hacer cumplir cualquier ley de inmigración, aunque el sheriff demócrata Paul Penzone todavía permite que ICE verifique el estado migratorio de quienes ingresan a las cárceles del Condado.