El Gobierno de Donald Trump implementó a partir de esta semana la Regla de Carga Pública con la cual puede negar la residencia permanente (Green Card) a los inmigrantes que reciban algunos beneficios públicos.
“Esto hace que las personas que buscan ajustar su estatus migratorio deben tener mayor cuidado al momento de realizar su solicitud, pues se ofrece discrecionalidad a los agentes para rechazarlos”, señaló el activista y abogado de inmigración Yasser Sánchez.
Bajo esta regla, inmigrantes legales que viven en Estados Unidos serán definidos como una “carga pública” si reciben “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de tres años.
La medida hace por lo tanto más difícil las reglas y procesos de acceso a la residencia permanente para inmigrantes que han usado servicios como asistencia alimentaria SNAP (estampillas de comida), subsidios de vivienda, o programas de salud, entre otros.
Los oficiales migratorios tendrán que considerar ahora esta nueva definición al momento de evaluar cualquier petición de cambio de estatus migratorio u otras visas.
La Corte Suprema autorizó al Gobierno de Trump para que implemente esta norma a finales de enero, luego de que 14 estados presentaran una demanda el pasado octubre contra la iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional.
“Bajo la nueva regla, USCIS (los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, por sus siglas en inglés) considerará todos los factores requeridos por la ley, como la edad, la salud, el ingreso, la educación y las capacitaciones del inmigrante, entre otros, a fin de determinar si el extranjero podría convertirse en el futuro una carga pública”, explica el especialista.
Lo que quiere decir que a un inmigrante se le podrá negar una visa o un cambio de estatus migratorio bajo el argumento de que podría convertirse en una carga pública, a pesar de que no haya recibido ningún beneficio público.
De este modo, una persona poseedora de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.
La medida no afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.
