En Phoenix los obispos Olmsted y Nevares, y un grupo de religiosas Hermanas de la Vida, encabezaron una vigilia en la catedral San Simón y San Judas el 10 de mayo, en la que pidieron por los reos que están en el pabellón de la muerte.

En la víspera de la ejecución del reo Clarence Dixon los obispos Thomas J. Olmsted, de Phoenix; Eduardo A. Nevares, también de Phoenix; James S. Wall, de Gallup; y Edward J.Weisenburger, de Tucson, fustigaron la condena de pena de muerte que se reanudaría ayer 11 de mayo en Arizona desde el 2014, cuando se registró la más reciente ejecución.

“En todo el país, incluido el estado de Arizona, el uso de la pena de muerte es problemático porque a menudo está influenciado por factores geográficos y se impone desproporcionadamente a las personas de grupos minoritarios y de escasos recursos económicos”, acusaron los 4 prelados que integran la Conferencia Católica de Arizona (ACC, por sus siglas en inglés).

En una declaración conjunta los jerarcas eclesiásticos también expresaron su preocupación de que una vez que reanuden, podría desatarse una cascada de ejecuciones en una sucesión relativamente rápida.

Incluso, dispusieron que se realizaran vigilias de oración en sus respectivas catedrales los días previos a la ejecución de Dixon por inyección letal, programada en la prisión de Florence en la mencionada fecha.

En Phoenix los obispos Olmsted y Nevares, y un grupo de religiosas Hermanas de la Vida, encabezaron una vigilia en la catedral San Simón y San Judas el 10 de mayo, en la que pidieron por los reos que están en el pabellón de la muerte.

“También pidamos por sus familias para que Dios los consuele con su amor y compasión”.

Dixon, de 67 años, fue sentenciado a la pena capital por la violación y asesinato en 1978 de Deana Bowdoin, una estudiante de la Universidad Estatal de Arizona. El es uno de los 113 presos en el corredor de la muerte en Arizona, de los cuales 110 son hombres y 3 mujeres. De ellos 62 blancos, 23 hispanos, 18 afroamericanos, 5 nativos, 3 asiáticos y 2 de otras razas no especificadas.

Varios condenados injustamente

En su declaración que también fue leída durante las vigilias, los obispos de la ACC expresaron: “Nos mantenemos firmes en nuestra continua oposición a la pena de muerte, especialmente en esta era moderna. Al hacerlo, nos unimos al Papa Francisco, quien ha abogado por el fin de la pena capital en el mundo”.

Y denunciaron que se han dado varios casos de reos sentenciados injustamente a a la pena capital y posteriormente exonerados: “Más de 180 personas en los Estados Unidos han sido injustamente condenadas y sentenciadas a muerte y más tarde fueron exoneradas porque fue probada su inocencia. Solo en el estado de Arizona, diez personas han sido liberadas del corredor de la muerte después de que se encontraron pruebas de su inocencia”.

Además, advirtieron del riesgo de ejecutar a una persona inocente no es algo fuera de lo común y señalaron que la ejecución de presos también puede ser problemática porque puede negarles una última oportunidad de redención y salvación.

Y enfatizaron: “Como obispos de la Conferencia Católica de Arizona, animamos a todas las personas de buena voluntad a unirse a nosotros para orar y abogar por el fin de la pena de muerte y por el alma de Clarence Dixon ya que se acerca la fecha prevista para su ejecución”.

Hispano el primer ejecutado

De acuerdo al Departamento de Correccionales de Arizona, José López fue el primer individuo ejecutado en este estado, quien murió en la horca en Florence el 5 de enero de 1910; después de él 8 personas más corrieron con la misma suerte, todos por asesinato.

Pero el 8 de diciembre de 1916 entró en vigor una medida que eliminaba la pena de muerte como castigo para las condenas por homicidio en primer grado. Sin embargo se restableció el 5 de diciembre de 1918, por lo que se produjeron diecinueve ejecuciones en la horca entre el 16 de abril de 1920 y el 20 de junio de 1931.

La primera ejecución con gas letal se llevó a cabo cuando dos hermanos, Manuel y Fred Hernandez, fueron ejecutados el 6 de julio de 1934. El 4 de marzo de 1962, Manuel E. Silvas fue ejecutado con gas letal; entre abril de 1962 y abril de 1992 no se realizaron ejecuciones.

En 1972, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que la pena de muerte administrada violaba la prohibición de la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos contra los castigos crueles e inusuales. La mayoría del tribunal concluyó que la autoridad que dictaba la sentencia no se guió adecuadamente en su discreción al imponer la pena de muerte, lo que resultó en que la pena de muerte se impusiera de manera “arbitraria y caprichosa”.

En 1973, la Legislatura de Arizona promulgó una ley que estableció un nuevo procedimiento para los casos de pena de muerte, que preveía la celebración de una audiencia de sentencia separada ante el tribunal de primera instancia, en lugar de ante un jurado,

En 1978 el estatuto de Arizona relativo a las ejecuciones se declaró inconstitucional y se suspendieron todas las ejecuciones.

En 1979, la Legislatura estatal revisó el Estatuto de Pena de Muerte de Arizona y las sentencias entraron nuevamente en vigor el 1 de mayo de 1979.

En noviembre de 1992, los votantes de Arizona aprobaron la ejecución por inyección letal, y desde entonces cualquier persona que haya cometido un delito antes del 23 de noviembre de 1992 y haya sido sentenciada a muerte puede optar por la ejecución con gas letal o inyección letal. Desde la implementación de la inyección letal, 14 reclusos han sido ejecutados utilizando este método. El último preso ejecutado con gas letal fue Walter B. LaGrand el 3 de marzo de 1999.

En el pabellón de la muerte:

Total: 113 reos

Hombres: 110

Mujeres: 3

Blancos: 62

Hispanos: 23

Afroamericanos: 18,

Indios nativos: 5

Asiáticos: 3

  Raza no especificada: 2

(Fuente: Departamento de Correccionales de Arizona)