Enrique Medina Ochoa, juez de paz de la Corte Downtown Justice Precint.

Las Cortes de Paz del Condado Maricopa experimentaron un incremento significativo de solicitudes de Órdenes de Protección durante la pandemia por parte de ciudadanos, en su mayoría mujeres, que sentían en riesgo su seguridad.

En el mayor número de los casos los solicitantes pidieron la protección judicial en contra de su pareja o ex pareja, a quienes no los quieren cerca de sí alegando abuso físico, emocional o psicológico.

“Definitivamente sí vimos un aumento de peticiones de casi un 30 por ciento, en las 5 Cortes de los jueces de paz del Condado y la tendencia continúa”, declaró el juez Enrique Medina Ochoa, en entrevista con Prensa Arizona.

Expertos en comportamiento humano señalan que la pandemia provocó una especie de psicosis colectiva, que condujo a muchas personas a tener un comportamiento un poco hostil en el hogar y en los lugares de trabajo; de hecho durante ese tiempo muchas parejas vieron deteriorada su relación.

El juez de Paz indicó que esos tribunales tienen el deber de atender puntualmente dichas solicitudes, para velar por la integridad física de quienes acuden en busca de protección judicial.

Señaló el impartidor de justicia: “En promedio en estas Cortes emitimos entre 5 y 10 Órdenes de Protección a personas que se sienten amenazadas o acosadas por alguien”.

De acuerdo al sistema judicial de Arizona, el propósito de una Orden de Protección es proteger a los que la solicitan y prevenir que otra persona cometa un acto de violencia doméstica en su contra. Generalmente las órdenes son contra una pareja, una ex pareja o alguien que vive o vivió con la víctima.

Se trata de órdenes judiciales civiles que prohíben que una persona específica se comunique con la víctima, ni se acerque a su hogar o su lugar de trabajo, su escuela u otros sitios que se señalan en la orden.

Cárcel si no se respeta

El juez Medina Ochoa subrayó que es sencillo tramitar una Orden de Protección, ya sea acudiendo a la Corte o por internet; no tiene ningún costo y los mismos tribunales se encargan de notificar a la otra parte acerca de dicha orden, y le advierten que no puede tener ningún contacto ni acercarse a su víctima, y de hacerlo será arrestado y podría enfrentar cargos criminales.

“Violar los términos de una Orden de Protección es muy delicado y quien lo hace será detenido, y se puede meter en serios problemas legales”, advirtió el titular de la Corte Downtown Justice Precint.

El magistrado indicó que una Orden de Protección se emite por 12 meses, pero la parte acusada tiene derecho a someter una apelación si cree que las acusaciones en su contra son falsas.

Asimismo, dicha orden aparecerá en el récord de la persona acusada y será público, lo que tal vez pudiera afectarle en el trabajo o hasta en ciertos trámites si está arreglando su situación migratoria.

Enrique Medina Ochoa recalcó que es deber de los tribunales proteger a todas las personas que denuncian violencia, acoso u hostigamiento ya sean hombres o mujeres; también se puede solicitar protección de la Corte contra algún vecino o familiar agresivo, o contra alguien del trabajo.

“Quien se sienta en una situación de riesgo no dude en acercarse a nosotros, nuestra obligación es darles protección”, puntualizó el entrevistado.

Para ver todas las preguntas frecuentes sobre Órdenes de Protección, visite https://azpoint.azcourts.gov/Help/FAQ