El conflicto de los vecinos con la Universidad del Gran Cañón, lleva ya varias semanas y los reclamos no se han hecho esperar.

La Universidad del Gran Cañón (GCU, por sus siglas en ingles) fue acusada expandirse de forma voraz a costa del despojo de sus viviendas a varias familias, hispanas en su mayoría, localizadas en un complejo de “trailas”.

El complejo de “trailas” se llama Periwinkle Mobile Home Park y se ubica en la 28 avenida y Colter, al sur de Camelback.

GCU, que es privada y cristiana adquirió un terreno donde se localizan 45 casas móviles en las que viven igual número de familias y les dieron hasta el 30 de octubre para irse, ya que ahí seguirán construyendo más edificios del plantel cuya expansión ha sido impresionante en los últimos años.

Las familias, la mayoría de escasos recursos, con niños, enfermos y ancianos se sienten en peligro de quedar en el desamparo, por lo que acudieron en busca de ayuda de políticos y  autoridades de distintos niveles.

La senadora estatal Raquel Terán se unió a las manifestaciones en defensa de los vecinos de Periwinkle Mobile Home Park.

También dicen sentirse humillados por la GCU que les ofrece 1,800 dólares para que se vayan y les dejen sus “trailas” junto con el título; aunque ya pudieron reunirse con algunos de los representantes de la institución no llegaron a ningún acuerdo.

“Esta universidad se dice cristiana pero esos valores es lo menos que practican en este caso sin importar que las familias quedemos desamparadas”, dijo Alondra Vázquez, quien vive ahí con su esposo, su hija y su nieto de 7 años y ha asumido el liderazgo de los residentes de Periwinkle Mobile Home Park.

Hasta ahora ni el presidente de la institución, Brian Mueller, ni su jefe de comunicaciones, Bob Romantic, no han emitido ningún comentario o comunicado oficial para responder a esas acusaciones.

En tanto, representantes políticos como la senadora estatal Raquel Terán, la concejal Betty Guardado y la alcaldesa Kate Gallegos han mostrado empatía hacia los afectados, a quienes les prometieron apoyar para que no sean echados a la calle.

Incluso, la senadora Terán participó en una de las marchas que los quejosos realizaron recientemente para hacer del conocimiento de la opinión pública por lo que están pasando y solicitar el apoyo de la ciudadanía en general; la también dirigente estatal demócrata les garantizó que estará con ellos hasta el final y hará todo lo que está a su alcance para que no los desalojen de esa manera.

“Desde ahora les digo que lucharé por ellos; les garantizo que no serán desalojados el 30 de octubre ni quedarán desamparados después de esa fecha”, dijo Betty Guardado, Concejal del Distrito 5.

Agregó que buscará una extensión a favor de los afectados, por lo menos hasta después de las festividades de fin de año; mientras tanto aprovechan para buscarles apoyo financiero, de manera que tengan un techo digno.

Niegan acceso y sacan a activista

Recientemente, durante la cobertura de una de las marchas de los residentes de  Periwinkle Mobile Home Park que culminó con una breve reunión en las oficinas de GCU, Bob Romantic, director de comunicaciones de esa institución, negó el acceso a Prensa Arizona.

“Es una reunión privada en la que pueden estar únicamente los que viven en ese lugar, por ahora no tenemos ningún comentario público sobre este asunto”, explicó con amabilidad.

Minutos después, al activista Salvador Reza, de los Comité de Defensa del Barrio, y quien está encabezando la lucha en contra del desalojo, no solamente se le negó la entrada, sino que lo sacaron de los predios de la universidad y en protesta, los manifestantes salieron de la supuesta junta y abandonaron el lugar.

“No me dejaron entrar, me sacaron, me corrieron, me dijeron que no podía estar en la junta, la policía me sacó de ahí”, declaró Reza.

Al respecto Alondra Vázquez dijo: “Nos salimos porque no lo dejaron entrar y también porque no tenían ninguna respuesta a nuestra demanda, nos dicen que según nos van a apoyar, pero con los 1,800 dólares que nos quieren dar por nuestras ‘trailas’ no nos alcanza para el depósito ni para el primer mes de renta de un apartamento”.

Salvador Reza acusó: “La Universidad del Gran Cañón está actuando como una institución usurera, inhumana, insensible y en contra de sus principios cristianos que tanto promueven; con tal de expandir su campus no les importa el sufrimiento de casi 50 familias a las que quieren echar con todo y sus ‘trailas’”.

“Esta universidad se vanagloria de ayudar a la comunidad alrededor de su campus universitario. Pero en realidad hemos visto lo opuesto. Ha acaparado 14 lotes de zona residencial desde la Interestatal 17 hasta la calle 35 y desde la Camelback hasta la Bethany Home Road, desplazando cientos de familias y ahora está por coronar su poderío absoluto sobre la zona desplazando 48 unidades de trailas”

Dijo que citaron a los residentes de las trailas para ofrecerles ayuda, sin embargo, de su parte no sale ni un “penny”:  Los 1,800 dólares que les ofrecen son de los mismos impuestos que ellos pagan al condado. Los $5,000 dólares de muebles son donaciones de grandes empresas. Y los 7,500 dólares para mudanzas se le dará a las compañías especializadas en mover tráileres. Por sus viviendas no ofrecen ni un cinco. Algunos de los residentes ancianos sufren de enfermedades del corazón y se les nota la angustia, la incertidumbre, el miedo en el rostro. Los sin papeles, eso no merecen ni las gracias por los 7 años de renta que le han pagado a la piadosa universidad”.

“Es el mismo intento de cambiar la zonificación en la 19 ave y Buckeye para desplazar la comunidad. Tenemos que esperar eso de un estado como Arizona, y una ciudad como Phoenix y prepararnos”, advirtió Reza.