Un nuevo capítulo en el drama de 50 familias de Las Casitas, luego que la empresa arrendadora rompió los contratos recién firmados y los emplazó para desalojar los terrenos.

Residentes del complejo de casas moviles Las Casitas Mobile Home Park, de la avenida 18 y Buckeye al sur de Phoenix, denunciaron que siguen siendo víctimas de mas injusticias por parte de la corporación Kerru L.L.C., con sede en Colorado y encargada de la administración del predio donde viven.

En conferencia de prensa, varios de los quejosos aseguraron que a pesar de que hace apenas dos semanas ambas partes firmaron un contrato de buena fe, en el que se acordó que ahí permanecerían algunos por 1 año y otros por hasta 4 con el debido pago puntual de la renta del espacio de sus “trailas”, dicha compañía violó el acuerdo escrito ya que el pasado viernes 28 de octubre les entregó a todos los inquilinos una notificación dándoles un plazo determinado para que desalojen el predio.

A los que habían firmado contrato por 12 meses les dieron hasta el 30 de noviembre y a lo hicieron por 4 años, sólo 180 días, es decir 6 meses para que remuevan sus “trailas”, y si quieren dejarlas debido a su mal estado deberían entregar el título a Kerru L.L.C., otorgándoles el derecho de demolerlas o repararlas y llevarlas a otro sitio. 

“Esto es una burla y sobre todo una crueldad contra estas familias; a esta corporación no le importa echarlos a la calle y menos que en muchas de estas ‘trailas’ viven niños, ancianos y personas con discapacidades o con enfermedades avanzadas; Kerru L.L.C. no tenía autorización de las autorides para operar en Arizona y no les importó, hasta que los abogados que defienden a las víctimas los pusieron en evidencia ante una Corte, que les exigió obtener todos los permisos”, declaró Salvador Reza,

El líder salió a la defensa de las víctimas cuando surgió la situación y les ayudó a conseguir asesoría legal para evitar el desalojo inmediato al que estaban expuestos los denunciantes y sus familias, originarias la mayoría de La Piedad, Michoacán.

Dijo el activista en la conferencia de prensa que aparentemente el acuerdo de buena fe que hace dos semanas firmaron los inquilinos y esa corporación, frenaría su desalojo y podrían continuar viviendo ahí el tiempo estipulado en el contrato, pero una vez que consiguió su autorización para operar en Arizona, la corporación pasó por encima de ellos y quebró el contrato, poniendo así a 50 familias hispanas al borde del desamparo, puesto que además de haber escasez de vivienda en Arizona, la mayoría son de escasos recursos y no podrían pagar rentas tan elevadas que van desde los $1,200 hasta $2,500 mensuales por un apartamento o casa, y mucho menos para comprar otra “traila” cuyo costo en promedio es de $40,000 en adelante.

La pesadilla para estas familias comenzó hace unos meses cuando, cuando la compañía de mantenimiento de complejos habitacionales les avisó que etodos tendrían que irse, porque ese “parqueadero” sería cerrado, debido a que los dueños decidieron convertirlo en área industrial para ampliar su subasta de autos, que se localiza a un costado, a pesar de ser zona habitacional.