El alguacil del condado de Maricopa, Paul Penzone del condado de Pinal, Mark Lamb, durante conferencia de prensa, exponiendo la inseguridad en la frontera.

Leo Hernández / Oscar Ramos

Desde violaciones y secuestros hasta ser utilizados como mulas para el transporte de droga, son algunas de las vejaciones que viven aquellos que intentan ingresar a los Estados Unidos de forma irregular o solicitando asilo político, pero no todos los daños ocurren en la frontera, sino incluso ya en custodia de los patrocinadores, reconocieron tanto autoridades como organizaciones sociales.

En conferencia de prensa con motivo de la finalización del Título 42, el alguacil del condado de Maricopa, Paul Penzone; del condado de Yavapai, David Rhodes y del condado de Pinal, Mark Lamb, compartieron mensajes poderosos de lo que creen que se debe hacer en la frontera para proteger la seguridad de todos, incluidos los propios migrantes.

“Sabemos que los carteles obligan a algunos inmigrantes a introducir drogas como el fentanilo al país, como una forma de pago por cruzarlos y normalmente para ello secuestran a los familiares al otro lado de la frontera; otra forma como los narcos usan a los migrantes es provocando entradas masivas para concentrar la seguridad en un punto específico, mientras ellos aprovechan para introducir sus cargas en áreas que en ese momento quedan sin vigilancia”, coincidieron los alguaciles.

Afirmaron que en la medida de sus posibilidades sus corporaciones ayudarán a evitar que el tráfico de personas y drogas ya que el 50% del fentanilo que ingresa a Estados Unidos provienen de las fronteras de Arizona.

Mark Lamb, que ha sido muy vocal crítico de la política migratoria fue también explícito a la hora de abordar los abusos a los migrantes: “Tuvimos el caso de una mujer que había ingresado de forma ilegal y fue detenida en posesión de varias pastillas que no eran droga, al preguntarle de que se trataba, aseguro que eran para evitar quedar embarazada, pues sabía que iba a ser violada en repetidas ocasiones”.

Paul Penzone, sheriff del Condado de Maricopa llamó junto a sus colegas a los políticos de Washington a llegar a verdaderos acuerdos y reparar el sistema de inmigración roto y también centrarse más en la seguridad pública.

“Hay un aspecto humanitario en esto, y lo entendemos y estamos dispuestos a aceptarlo, pero si solo nos enfocamos en el elemento del lado humanitario, entonces no nos enfocamos en la seguridad pública y el lado de la seguridad nacional”, dijo Penzone.

Patrocinadores también abusan

La Fundación Padres y Parientes de Victimas de Crimen reveló que en un año ha conocido 15 casos documentados de explotación laboral y 5 de abuso sexual, de menores migrantes procedentes de centro y sudamérica, que recibieron permiso de ingreso al país con el apoyo de un patrocinador.

Los casos son complicados, dijo José Guzmán, director de esa entidad no lucrativa, en primer lugar porque las víctimas o no denuncian o tardan en denunciar a la Policía porque están bajo amenaza de sus “padrinos”

“Los casos de abusos laborales que tengo documentados fueron cometidos por los mismos patrocinadores, tanto hombres como mujeres, que al recibir en su casa a las víctimas los someten a trabajos domésticos como esclavos a su servicio”, señaló el entrevistado.

Lo mismo pasó con las víctimas de abusos sexuales, añadió, el activista, al indicar que en uno de esos casos el “patrocinador” violó a 3 niñas a las que dio asilo en su casa con su madre.

También mencionó el caso de una adolescente que resultó embarazada luego de una violación que sufrió en la casa de su patrocinador; en ese caso el responsable es un sujeto que fue admitido junto con ellas, el cual desapareció tras su fechoría.

José Guzmán, de la organización Padres y Parientes de Victimas de Crimen, señala que en el último año ha conocido al menos 15 casos de abuso sexual o explotación laboral hacia inmigrantes.

Responsabiliza al gobierno federal

José Guzmán señaló: “De esto el principal responsable es el gobierno federal que tiene la obligación de investigar no solo al patrocinador o patrocinadora de esos niños, así como a todos los que viven en su casa para asegurarse que no tengan antecedentes criminales”.

Asimismo, deben seguir supervisando que los patrocinadores traten bien a los menores para prevenir cualquier abuso.

El activista omitió detalles más específicos de los casos para protección de las víctimas que viven con miedo, de los cuales el mismo documento y algunos han salido en canales de televisión; dijo que de esas denuncias ya tienen conocimiento las autoridades policiacas y PRENSA ARIZONA también se reservará más datos de los casos por la misma razón.