La iniciativa busca proteger a los 1.5 millones de beneficiarios en el estado, en medio de recortes del 12% al personal federal del Seguro Social. Foto: Cortesía / Facebook Attorney Kris Mayes
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, lanzó esta semana un portal en línea para que los ciudadanos reporten interrupciones en los servicios del Seguro Social, una medida directa contra los controvertidos cambios impulsados por la administración Trump y Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
La iniciativa busca proteger a los 1.5 millones de beneficiarios en el estado, en medio de recortes del 12% al personal federal del programa y el cierre progresivo de oficinas locales.
Los cambios en el Seguro Social, liderados por Musk —designado por Trump para “optimizar” el gobierno—, han generado alertas. Según Mayes, más de 7,000 empleados fueron despedidos en febrero, y 47 oficinas cerrarán este año, lo que podría saturar las sedes restantes con hasta 85,000 visitas semanales adicionales.
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Expertos como Michael Astrue, excomisionado del Seguro Social, advierten que estos recortes ignoran la complejidad del sistema, incluido su obsoleto código COBOL, y podrían colapsar los servicios en 90 días.
La plataforma (https://www.azag.gov/socialsecurity) permite a los arizonenses denunciar retrasos en pagos, dificultades para acceder a servicios telefónicos o problemas con verificaciones de identidad presenciales. Mayes argumenta que estas nuevas exigencias —como visitar oficinas en persona— perjudican a adultos mayores y personas con discapacidades, especialmente en zonas rurales donde el transporte es limitado.
“No permitiré que una administración autoritaria destruya servicios vitales”, declaró la fiscal, quien ya ha interpuesto demandas contra el DOGE por acceder ilegalmente a datos personales de ciudadanos.
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A nivel nacional, más de 71 millones de estadounidenses dependen del Seguro Social, un programa que podría volverse insolvente para 2035 sin reformas. Aunque Trump prometió no recortar beneficios, el DOGE insiste en eliminar “desperdicios”, pese a que un informe interno señala que solo el 1% de los pagos son erróneos. Musk, por su parte, tilda al programa de “estafa Ponzi” y sugiere privatizarlo, una postura que incluso divide a los republicanos.
El estado, con una población creciente de adultos mayores —el 18% tiene más de 65 años—, enfrenta riesgos únicos. Cierres de oficinas en condados como Maricopa, donde residen 4.1 millones, obligarían a viajes de horas para trámites.
