La “guerra del tomate “ provocaría desde la pérdida de miles de empleos en puertos como Nogales, Arizona, e Hidalgo, Texas, hasta aumentos drásticos en los precios. CORTESIA: Freepik
Legisladores de ambos partidos de Arizona y Texas hacen llamado de alerte
En un inusual frente común, legisladores de Arizona y Texas, tanto demócratas como republicanos, alzaron la voz esta semana contra la posible terminación del Acuerdo de Suspensión de Tomates (TSA, por sus siglas en inglés), un pacto comercial vigente desde 2019 con México.
El senador Mark Kelly y los representantes David Schweikert (republicano) y Greg Stanton (demócrata) lideraron una carta dirigida al secretario de Comercio, Howard Lutnick, advirtiendo que la decisión de retirarse del acuerdo “pone en riesgo el espíritu del comercio transfronterizo” y amenaza con desestabilizar economías regionales.
El TSA, negociado durante la administración de Donald Trump, regula la importación de tomate mexicanos a Estados Unidos. Su cancelación, según los firmantes, generaría un efecto dominó: desde la pérdida de miles de empleos en puertos como Nogales, Arizona, segundo en volumen solo detrás de Hidalgo, Texas, hasta aumentos drásticos en los precios de un alimento básico para familias estadounidenses.
“Terminar el TSA ahora sería profundamente disruptivo y contradice los objetivos de esta administración”, señala el documento, respaldado por una docena de congresistas, incluidos los texanos Joaquin Castro, Henry Cuellar y Verónica Escobar.
La carta destaca estudios de universidades de Arizona que proyectan pérdidas económicas millonarias. Investigaciones citadas revelan que las importaciones de tomate contribuyen con miles de millones al PIB nacional a través de cadenas de suministro agrícolas, mientras que su interrupción podría vaciar estantes en supermercados y restaurantes.
“Todos los estadounidenses se benefician del trabajo de camioneros, empleados de almacenes y minoristas que mueven estos productos”, subrayan los legisladores, enfatizando la interdependencia comercial.
Más allá de lo económico, el texto advierte sobre consecuencias geopolíticas. La reducción en la producción mexicana de tomates, afirman, podría exacerbar las presiones migratorias, un tema sensible cerca de un año electoral y dañar la relación con un aliado clave.
“Es una trampa: si retiramos el acuerdo, perdemos empleos aquí y generamos inestabilidad allá”, explicó un asistente legislativo que prefirió mantener el anonimato.
Entre los firmantes, figuran perfiles contrastantes. Schweikert, republicano conocido por su conservadurismo fiscal, y Stanton, demócrata progresista, rara vez coinciden en iniciativas. Sin embargo, la defensa de intereses estatales los unió.
No es casualidad: Texas y Arizona concentran el 60% de las importaciones de tomate fresco, según datos de la Cámara de Comercio de Nogales.
“Este no es un tema partidista, sino de supervivencia para nuestras comunidades”, afirmó Stanton en un comunicado paralelo.
La reacción de la administración Trump sigue siendo incierta. Mientras el secretario Lutnick no se ha pronunciado, grupos agrícolas como la Fresh Produce Association of the Americas presionan para mantener el acuerdo, argumentando que garantiza precios justos y evita guerras comerciales.
Por su parte, productores locales de Florida, que históricamente han criticado el TSA, celebran la posible terminación, alegando competencia desleal. Tomate.
En medio de la puja, pequeños negocios en la frontera sur viven en incertidumbre. Juan Martínez, dueño de un distribuidor en Nogales, compartió su preocupación: “Sin el acuerdo, los aranceles subirían y los precios se dispararían. Muchos ya estamos ajustando presupuestos por si todo colapsa”.
Su testimonio refleja el temor de un sector que mueve camiones, emplea a familias y abastece a cadenas nacionales como Walmart y Kroger.
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La carta concluye con un llamado a la prudencia: “Este acuerdo no es perfecto, pero su abrupto fin solo perjudicaría a quienes dicen proteger”.
Con elecciones legislativas en el horizonte, el debate sobre el TSA podría convertirse en un termómetro de la capacidad bipartidista para equilibrar proteccionismo y globalización en la era Trump.
Mientras, en los pasillos del Congreso, se especula que la presión de estos legisladores fronterizos podría inclinar la balanza hacia una renegociación, en lugar de una ruptura total.
