Los recortes el Acta de Víctimas del Crimen, ley federal que financia refugios, líneas de crisis y asistencia legal a través de multas impuestas en casos criminales. CORTESIA: Freepik
Legisladores de Arizona exigen protección contra los recortes federales
Un grupo de legisladores de Arizona, encabezado por los senadores Mark Kelly y Rubén Gallego, ha lanzado una ofensiva contra los recortes a programas federales que brindan refugio, asesoría legal y apoyo psicológico a víctimas de violencia doméstica.
En una carta dirigida al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y a la fiscal general Pam Bondi, los congresistas denuncian que cambios recientes en las políticas de financiamiento han paralizado servicios esenciales, dejando a miles de sobrevivientes en riesgo.
“Estas decisiones imprudentes tendrán impactos innecesarios y duraderos en las víctimas y reducirán la seguridad pública”, advierte el texto, firmado también por los representantes Greg Stanton y Yassamin Ansari.
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La misiva subraya que, solo en 2023, más de cincuenta mil personas buscaron ayuda en el estado para escapar de situaciones de abuso, mientras los albergues reciben veinticinco solicitudes por cada cama disponible.
En condados rurales como Graham, la terminación abrupta de subsidios ha obstaculizado capacitaciones clave para fiscales que investigan crímenes de odio y violencia de género.
Fondos que desaparecen
Los recortes afectan principalmente a la Acta de Víctimas del Crimen (VOCA, por sus siglas en inglés), ley federal que desde 1984 financia refugios, líneas de crisis y asistencia legal a través de multas impuestas en casos criminales.
Sin embargo, como reveló un informe de Mother Jones, los fondos acumulados en el Crime Victims Fund cayeron de seis mil seiscientos millones en 2017 a menos de mil cuatrocientos millones en 2023, debido a cambios en políticas de cobro de multas corporativas. Esto ha dejado a estados como Arizona, que perdió más de cien millones en subsidios VOCA en cinco años, dependiendo de parches temporales.
La situación se agrava por la falta de acción del Congreso para aprobar soluciones a largo plazo, como la propuesta VOCA Fix Act, que busca redirigir ingresos de acuerdos judiciales diferidos al fondo, aunque la iniciativa cuenta con apoyo bipartidista, está estancada en comités legislativos.
Mientras, organizaciones como Sojourner House, que asistió a Paris Alexander, una sobreviviente no binaria de violencia doméstica, enfrentan recortes en programas especializados para comunidades LGBTQ+ y migrantes, grupos con mayores barreras para acceder a ayuda.
En Arizona, el retiro de fondos ha obligado a reducir servicios en un momento de demanda récord.
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Los legisladores destacan que la crisis no solo afecta a víctimas, sino a la seguridad pública. “Sin apoyo, muchas personas no pueden escapar de sus agresores, lo que aumenta el riesgo de homicidios y violencia reiterada”, señala la carta.
Ejemplos como el de Louisville, Kentucky, donde un hombre asesinó a su expareja y su madre tras una audiencia por una orden de protección, ilustran los peligros de desmantelar redes de apoyo.
Mientras el gobierno federal debate, algunos estados han recurrido a fondos locales para compensar los vacíos, como Texas y Arizona destinaron partidas temporales, pero estos recursos suelen agotarse en uno o dos años. “Los presupuestos estatales son declaraciones de valores. Priorizar a las víctimas es una obligación moral”, insistió insisten.
Pese a las presiones, la administración Kennedy no ha anunciado medidas concretas.
