Aunque la Proposición 139, aprobada en 2024, garantiza el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal. CORTESIA: Arizona for Abortion Access / Facebook
Pese a aprobación de la Proposición 139, continúa la batalla legal
Tras la anulación del veto a las 15 semanas en marzo, Arizona libra ahora una compleja lucha para eliminar decenas de normas anticuadas que restringen el acceso al aborto y aunque la Proposición 139, aprobada en 2024, garantiza el derecho hasta la viabilidad fetal, 37 leyes estatales siguen vigentes, desde periodos de espera hasta prohibiciones de telemedicina.
El 22 de mayo, el Centro de Derechos Reproductivos y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron una demanda en el condado de Maricopa para anular tres restricciones:
Período de espera de 24 horas: Obliga a pacientes a asistir a dos citas presenciales.
Prohibición por anomalías genéticas: Impide abortos si hay diagnóstico de condiciones como síndrome de Down.
Vetos a telemedicina: Incluye consultas iniciales y acceso a píldoras por correo.
“Estas leyes carecen de base médica. Su único propósito es obstaculizar el acceso”, señaló Gail Deady, abogada del Centro de Derechos Reproductivos y la demanda argumenta que las normas violan la enmienda constitucional estatal.
Un mosaico de obstáculos
Mientras el caso avanza, en un proceso que podría durar meses, otras restricciones permanecen como el consentimiento parental para menores: Requiere autorización notariada o vista judicial exprés.
Ecografía obligatoria: Exige mostrar imágenes y latidos fetales a pacientes, incluso si no lo desean.
Clínicas bajo estándares excesivos: Normas de infraestructura y personal similares a hospitales, sin relación con seguridad médica.
Pese a propuestas de demócratas como los proyectos de la senadora Analise Ortiz para eliminar estas barreras, la Legislatura, controlada por republicanos, no avanzó iniciativas y en cambio, promovió nuevas restricciones, todas vetadas por la gobernadora Katie Hobbs.
Las clínicas enfrentan desafíos logísticos y económicos, como por ejemplo, la ley ARS 36-449.03 exige salas privadas para consejería, mientras ARS 36-2301.01 obliga a médicos a justificar por escrito métodos usados en abortos post viabilidad. “Son requisitos burocráticos diseñados para disuadir a proveedores”, explicó una doctra bajo anonimato.
La prohibición de consultas virtuales (ARS 36-3604) afecta especialmente a zonas rurales, donde el acceso a clínicas es limitado.
“En plena era digital, es absurdo obligar a dos viajes para un procedimiento seguro”, criticó Deady.
Contexto nacional
Arizona no es caso aislado y según el Instituto Guttmacher, 15 estados mantienen restricciones similares pese a protecciones locales y normas como los certificados de defunción fetal (ARS 36-329) o la prohibición de investigar con tejidos (ARS 35-196.94) reflejan una tendencia nacional de legislar sobre bases no médicas.
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El fallo sobre la demanda podría sentar precedentes para anular otras leyes. Mientras, grupos como ACLU enfatizan que la batalla es “por autonomía corporal, no solo por cláusulas legales” y con elecciones legislativas en el horizonte, el debate sobre qué tan “protegido” está realmente el aborto en Arizona está lejos de cerrarse.
