Por Dora Vazquez, Directora Executiva de Arizona Alliance for Retired Americans
La semana pasada, el Congreso aprobó el llamado proyecto de ley “OBBB” del presidente Trump—una propuesta peligrosa y costosa que amenaza el futuro de la energía limpia en Arizona, así como a las familias trabajadoras y a las personas mayores.
Este proyecto otorga enormes recortes de impuestos a los ultra ricos y a las grandes corporaciones, al mismo tiempo que recorta fondos para Medicaid, asistencia alimentaria para niños, y elimina inversiones clave en energía limpia que ayudan a reducir las facturas de electricidad y a crear empleos bien remunerados aquí en Arizona. Además, aumenta la deuda nacional en billones de dólares mientras recorta el apoyo a las comunidades más vulnerables al calor extremo y al aumento del costo de vida.
En el Senado, los senadores Mark Kelly y Rubén Gallego defendieron a los arizonenses votando en contra, demostrando un verdadero liderazgo y protegiendo el progreso que hemos logrado en la construcción de una economía basada en energía limpia. Sus votos protegen miles de empleos creados gracias a la Ley para Reducir la Inflación y los programas que ayudan a las familias y personas mayores a mantenerse seguras durante veranos cada vez más peligrosos. Estas inversiones no solo apoyan a los trabajadores de hoy, también honran las contribuciones de los jubilados sindicalizados y ayudan a abrir caminos para la próxima generación de trabajadores del sector energético en Arizona.
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Mientras tanto, todos los miembros republicanos del Congreso de Arizona votaron a favor de este proyecto, ignorando las consecuencias económicas para nuestro estado y anteponiendo la política partidista a la salud y el bienestar de sus propios electores.
Las políticas de Trump ya han provocado la cancelación de más de $15.5 mil millones en proyectos de energía y manufactura en todo el país. Un nuevo informe sugiere que este proyecto de ley podría provocar que Arizona pierda más de 13,000 empleos en energía limpia y $12.75 mil millones en inversiones. Esto aumentaría los costos de los servicios públicos, pondría en riesgo la salud pública y frenaría el impulso de uno de los sectores laborales de más rápido crecimiento en el estado.
Los votantes de Arizona merecen saber quién está luchando por ellos—y quién está poniendo primero los intereses corporativos.
