La medida federal eliminaría las normas de Mercadeo Afirmativo de Vivienda Justa, vigentes por más de 50 años y diseñadas para combatir la segregación residencial. Foto: CORTESIA: Freepik
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, lidera una coalición de 21 fiscales estatales que rechazan una propuesta del gobierno de Trump para eliminar regulaciones clave de mercadeo de viviendas asequibles. La medida federal eliminaría las normas de Mercadeo Afirmativo de Vivienda Justa (AFHM, por sus siglas en inglés), vigentes por más de 50 años y diseñadas para combatir la segregación residencial.
“La vivienda asequible es una prioridad para los arizonenses y es ridículo que la administración Trump considere una regla que dificultaría el acceso equitativo. Es lo opuesto a lo que el presidente prometió”, declaró Mayes.
Las regulaciones AFHM exigen que los desarrolladores de viviendas con subsidio federal dirijan publicidad específica a comunidades históricamente excluidas, asegurando que minorías raciales, personas con discapacidades y familias con niños conozcan las oportunidades disponibles.
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Las regulaciones surgieron como respuesta a décadas de segregación sistémica donde gobiernos e instituciones privadas limitaron el acceso a viviendas en zonas de oportunidad para ciertos grupos.
Los AFHM buscan corregir estos patrones al obligar a propietarios a implementar campañas de mercadeo proactivas en comunidades subrepresentadas. No determinan quién obtiene las viviendas, solo garantizan información equitativa.
La administración Trump argumenta que la eliminación simplificaría trámites, pero la carta de los fiscales señala graves omisiones: no se propone un reemplazo regulatorio, ni se explica cómo HUD prevendrá prácticas discriminatorias sin estas normas.
“La revocación contradice el mandato de la Ley de Vivienda Justa de promover inclusión activamente”, según el documento.
La coalición enfatiza que la eliminación agravaría la crisis actual de vivienda, que afecta especialmente a comunidades afroamericanas. Datos citados revelan que en 2023 se presentaron niveles récord de quejas por discriminación ante HUD y el Departamento de Justicia, con un aumento sostenido anual.
Los fiscales vinculan esto a disparidades históricas: aunque los hogares afroamericanos representan el 12% de la población, constituyen el 32% de las personas sin hogar.
Mayes y sus colegas subrayan que las zonas de “alta oportunidad”, con mejor acceso a empleos, escuelas y servicios, seguirían siendo inaccesibles sin publicidad dirigida. Esto perpetuaría la desigualdad, pues estudios confirman que vivir en dichas áreas mejora movilidad económica y calidad de vida.
La oposición incluye a fiscales generales de California, Nueva York, Illinois y otros 18 estados, además del Distrito de Columbia. La carta enviada a HUD advierte que revertir medio siglo de política federal sin bases sólidas podría generar litigios. “Tenemos un interés vital en erradicar la discriminación en nuestras comunidades”, concluyen.
Mientras la administración Trump insiste en reducir burocracia, defensores de vivienda justa alertan que sin los AFHM, prácticas como el “steering” (canalizar clientes a zonas según su raza) podrían resurgir.
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El debate ocurre en un contexto nacional donde los precios de alquiler aumentaron casi 16% en un año y más de 770,000 personas carecen de hogar, un 18% más que en 2023.
La batalla legal refleja tensiones más amplias: entre la autonomía estatal y políticas federales, y entre la promesa de igualdad de oportunidades y las realidades del mercado inmobiliario estadounidense.
