La presidenta de México, Claudia Sheinbaum instó a las autoridades estadounidenses a “aumentar operaciones” en la frontera para detener la marea de armas. Foto: Cortesía / Gobierno de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó enérgicamente el constante flujo ilegal de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional. Ante la amenaza de aranceles del 30% impuestos por el gobierno de Donald Trump para forzar un mayor control del fentanilo que ingresa a EE.UU., Sheinbaum apuntó a la otra cara de la moneda: la inundación de armas estadounidenses que terminan en manos del crimen organizado mexicano.
Sheinbaum instó a las autoridades estadounidenses a “aumentar operaciones” en la frontera para detener la marea de armas que cruzan hacia México. Esta petición se basa en datos alarmantes: el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) han rastreado entre el 70% y el 74% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México hasta fuentes estadounidenses. Estas armas, subrayó Sheinbaum, son utilizadas por milicias y cárteles, alimentando una espiral de violencia en comunidades mexicanas.
“Nosotros hacemos nuestra parte de nuestro lado, pero ellos deben hacer la suya”, enfatizó la presidenta mexicana. Su declaración es un llamado directo a que las agencias de seguridad estadounidenses se involucren activamente en los esfuerzos de interceptación de armas con destino al sur de la frontera.
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Una demanda bloqueada
Este reclamo de corresponsabilidad contrasta marcadamente con un reciente revés legal para México. El país centroamericano había presentado una demanda sin precedentes en 2021 contra once fabricantes de armas estadounidenses (incluyendo Glock, Beretta y Smith & Wesson) en un tribunal federal de Massachusetts. México argumentaba que estas empresas implementaban “prácticas comerciales negligentes e ilícitas” que facilitaban el tráfico ilegal hacia los cárteles, beneficiándose de un mercado ilícito responsable de miles de muertes.
La demanda buscaba hasta 10,000 millones de dólares en compensación por los daños causados. Sin embargo, en marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos bloqueó la demanda. Los magistrados, tanto conservadores como liberales, mostraron escepticismo durante los argumentos orales. Fundamentaron su decisión en la Ley de Protección Legal del Comercio de Armas (PLCAA) de 2005, que protege a los fabricantes de demandas cuando sus productos son usados en crímenes.
El juez Brett Kavanaugh expresó preocupación de que aceptar la teoría de México abriría una “avalancha de demandas” que perjudicaría la economía estadounidense. La jueza Ketanji Brown Jackson añadió que la demanda buscaba efectivamente “cambios en la industria de armas”, algo que la ley PLCAA pretendía evitar explícitamente. México había argumentado que su caso “no versaba sobre la Segunda Enmienda” sino sobre tráfico ilícito facilitado por prácticas comerciales irresponsables, pero la Corte no aceptó este razonamiento.
Incongruente presión unilateral
La postura de la administración Trump genera una evidente incongruencia. Mientras ejerce presión unilateral sobre México mediante la amenaza de aranceles masivos, exigiendo que “detenga a los cárteles” y el flujo de fentanilo, simultáneamente falla en contener la exportación ilegal de armas desde su propio territorio. Además, su sistema judicial ha blindado a la industria fabricante de cualquier responsabilidad por el daño causado con sus productos en México.
Sheinbaum destacó un vínculo operativo fundamental: los mismos cárteles que introducen fentanilo en Estados Unidos dependen crucialmente de las armas provenientes de ese país para mantener su poder y dominio territorial. El gobierno mexicano subraya que solo existe una tienda legal de armas en todo su territorio, evidenciando que el vasto arsenal del crimen organizado es de origen externo, predominantemente estadounidense.
Frente a la amenaza arancelaria del 1 de agosto, Sheinbaum anunció que su gobierno ha alcanzado “prácticamente un acuerdo” en materia de seguridad con Estados Unidos.
Aseguró que este acuerdo respetará firmemente la soberanía mexicana, estableciendo que “ninguna fuerza estadounidense” operará dentro del territorio mexicano. La presidenta confía en que este pacto, junto con avances en comercio y migración, permita evitar la imposición de los aranceles.
Sin embargo, Sheinbaum dejó un principio claro: “Hay algo que no se negocia nunca: es la soberanía de nuestro país”. Este eje guía su respuesta a la presión estadounidense, recordando que la carta de Trump forma parte de una política comercial más amplia, no dirigida exclusivamente contra México.
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La crisis del fentanilo y la violencia armada en México son dos caras de un problema binacional intrínsecamente ligado. Mientras Estados Unidos ejerce máxima presión sobre México para controlar el flujo de drogas hacia el norte, evade sistemáticamente su corresponsabilidad en el flujo letal de armas hacia el sur.
La demanda judicial bloqueada es un símbolo de esta asimetría. Como lo resumió la presidenta Sheinbaum, la solución requiere acción efectiva de ambos lados de la frontera: “Nosotros hacemos nuestra parte, pero ellos deben hacer la suya”.
Hasta que esta incongruencia no se aborde con seriedad, la cooperación en seguridad permanecerá desbalanceada y la estabilidad en la región seguirá siendo frágil.
