Graves acusaciones en contra de Blademir Angulo, propietario del Taco Loko, por parte de las autoridades. Conoce los cargos.
El arresto de Blademir Angulo Audeves, propietario de taquerías en Phoenix, destapa un modus operandi recurrente en Arizona: empleadores indocumentados que contratan a connacionales vulnerables, los alojan en condiciones de hacinamiento y les cobran tanto por el cruce a Estados Unidos como el alquiler, asegurando su servicio por años.
Angulo, de 42 años, enfrenta cargos federales por albergar y emplear deliberadamente al menos 12 migrantes mexicanos sin estatus legal, quienes vivían en sus propiedades de Laveen y la Avenida 16 bajo su control y también acumula delitos colaterales como posesión ilegal de armas.
Según la denuncia, Angulo, quien ingresó ilegalmente al país en 2011 y aceptó salida voluntaria en 2021, pero replicó un esquema documentado por HSI: aprovechó su condición irregular para explotar a trabajadores en situación similar.
Dos empleados hallados, Christian Sagaste-García y José Luis Ambriz-Cortés, habían sido deportados previamente (2024 y 2013), evidenciando cómo redes criminales capitalizan la desesperación de deportados que intentan reingresar.
En el dormitorio principal de Angulo, agentes incautaron tres armas de fuego y cientos de municiones, violación directa de leyes federales que prohíben a inmigrantes irregulares poseer armas 18.
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Phoenix es identificada por el Departamento de Justicia como una de las principales jurisdicciones de trata de personas en el país, donde traficantes seleccionan víctimas entre comunidades vulnerables: migrantes indocumentados, indígenas o víctimas de adicciones.
La división de HSI contra crimen transnacional señala que restaurantes son frentes comunes para explotación laboral y trata de personas, especialmente en estados fronterizos como Arizona.
Según el HSI, Arizona registra flujos crecientes de trabajadores agrícolas y de servicios sometidos a robo de salarios, retención de documentos y amenazas de deportación si denuncian.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) tiene más de 6,000 agentes especializados en desmantelar estas redes, pero la magnitud del problema supera los recursos.
El caso de Angulo forma parte de la Operación Take Back America, iniciativa del Departamento de Justicia que combate organizaciones transnacionales usando negocios legales como fachadas. HSI enfatiza que estos grupos explotan sistemas migratorios para “beneficio financiero ilícito”, vinculándose frecuentemente con lavado de dinero y tráfico de armas.
Organizaciones como la Red de Respuesta Unificada Anti-Trata del Sur de Arizona (SAATURN) ofrecen refugio y asesoría legal a víctimas, pero enfrentan obstáculos: solo el 34% de los casos de explotación laboral se denuncian por miedo a autoridades migratorias.
HSI recomienda reformas urgentes: penalizar la retención de documentos de identidad y ampliar protecciones laborales básicas a sectores como agricultura y servicios, donde opera el 76% de la explotación.
Angulo y sus empleados arrestados enfrentan juicio federal. Mientras, la fiscalía recuerda que todos los acusados son “inocentes hasta que se pruebe culpabilidad más allá de duda razonable”.
Para activistas, el caso expone una paradoja: migrantes explotados por quienes prometían ayudarles.
