Por su parte, Tom Horne amenaza con apelar a la Corte Suprema estatal, prolongando una incertidumbre que ya afecta a 78,000 estudiantes de inglés en Arizona. Foto: Cortesía / Freepik
El paisaje educativo de Arizona se ha convertido en un campo de batalla donde la seguridad armada y la diversidad lingüística chocan con crudeza, bajo el mando del superintendente Tom Horne.
Mientras celebraba la liberación de $24 millones para programas extraescolares, parte de los $1,300 millones desbloqueados a nivel federal tras presión bipartidista, un tribunal de apelaciones enterraba su cruzada personal contra la educación bilingüe.
Este contraste surrealista revela las fracturas de un sistema donde las prioridades políticas oscilan entre proteger cuerpos y negar identidades.
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En un fallo unánime, tres jueces desmoronaron la obsesión de Horne por eliminar el modelo 50-50, donde estudiantes aprenden mitad en inglés y mitad en español.
La corte fue contundente: “El superintendente carece de autoridad para demandar” a los diez distritos que usan este sistema, añadiendo que ni siquiera tenía legitimación para llevar el caso a tribunales.
Los magistrados calificaron sus argumentos contra la gobernadora Katie Hobbs como “agravios personales” sin sustento legal, así el veredicto destapó la fragilidad jurídica de una campaña basada en la Proposición 203 del 2000, que limita la educación bilingüe,pero ignorando la ley de 2019 que autorizó expresamente estos programas para mejorar el rendimiento académico de estudiantes de inglés.
Tras la derrota, Horne amenaza con apelar a la Corte Suprema estatal, prolongando una incertidumbre que ya afecta a 78,000 estudiantes de inglés en Arizona.
Su argumento, “los estudiantes son engañados porque no aprenden inglés rápido”, aunqueignora estudios que muestran que alumnos en inmersión dual superan académicamente a sus pares monolingües.
Mientras libraba su batalla perdida, Horne aplaudía el desbloqueo parcial de fondos federales congelados por la administración Trump el 1 de julio: $6,800 millones retenidos para programas educativos, incluidos $1,300 millones liberados tras presión de diez senadores republicanos liderados por Shelley Moore Capito.
Estos recursos del programa Centros Comunitarios del Siglo XXI salvaron iniciativas que benefician a 1.4 millones de niños en zonas pobres, pero representan solo el 19% del total congelado. Aún están paralizados recursos para educación migrante, alfabetización de adultos y aprendizaje del inglés, precisamente los programas que apoyan a los estudiantes que Horne dice defender.
El impacto es tangible: en Washington, 220,570 niños dependen de estos programas para evitar riesgos entre las 2 y 6 p.m., horas pico de delincuencia juvenil según estudios.
La demócrata Patty Murray lo resumió: “Distritos calculan cuántos maestros despedir mientras Trump retiene fondos”.
Armas garantizadas, libros condicionados
La incongruencia de Horne cristaliza en sus prioridades: garantiza fondos estatales para 572 oficiales armados, triplicando los 190 existentes en 2023, mientras litiga contra loslibros en español.
“La seguridad escolar no es negociable”, declaró al anunciar que cubriría cualquier vacío dejado por fondos federales congelados para agentes escolares.
Su narrativa se apoya en el miedo: “Debe haber un oficial entrenado que responda si un maniático armado ataca”.
Sin embargo, ese celo protector desaparece al abordar necesidades académicas, pues mientras Arizona destina millones a armar escuelas, el presupuesto 2026 propuesto por Trump eliminaría por completo los fondos para programas extraescolares, reduciendo $12 mil millones al Departamento de Educación.
David Schuler de la Asociación de Superintendentes sintetizó el sinsentido: “Los distritos no deberían estar en esta posición imposible donde la administración niega fondos ya aprobados por el Congreso”.
Arizona encapsula la esquizofrenia política que atraviesa Estados Unidos: celebrar fondos para tutores de matemáticas mientras se demandan maestros de español; movilizar recursos para policías armados, mientras se desfinancia la inclusión.
Como señalan estudios sobre educación bilingüe, estos programas no son solo herramientas pedagógicas, sino mecanismos de preservación cultural que mitigan “la asimilación de inmigrantes” y al obstruirlos, Horne ignora que Arizona tiene 1.1 millonesde hablantes nativos de español, el 20% de su población, cuya identidad merece respeto.
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La crisis de fondos refleja un patrón nacional: mientras senadores como Catherine Cortez Masto impulsan iniciativas bipartidistas para financiar programas que previenen delincuencia juvenil, la retórica “America First” vacía las aulas de recursos.
Hoy, mientras Horne considera apelar al supremo estatal y Trump mantiene congelados $5,500 millones, las verdaderas víctimas son niños como los de San Luis (Arizona), cuyo distrito fronterizo espera fondos para profesores de inglés que tal vez nunca lleguen.
En este desierto educativo, la consigna es clara: en Arizona se priorizan las armas sobre los verbos, y el precio lo pagan los más pequeños.
