La Fiscalía de Arizona, a cargo de Kris Mayes, encabeza coalición contra restricciones federales a redes de seguridad. Foto: Cortesía / Fiscalía de Arizona
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, lidera una coalición de 21 fiscales generales que demandaron al gobierno federal por cambios normativos “ilegales” que restringen el acceso a programas esenciales de salud, educación y servicios sociales.
Esta acción judicial, la número 24 del estado, busca frenar una reinterpretación abrupta de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA), la cual exige verificación migratoria en beneficios que históricamente atendieron a ciudadanos sin documentación formal, residentes legales e inmigrantes indocumentados.
“Esta es otro intento escandaloso de esta administración para evadir la ley y alterar servicios críticos”, declaró Mayes, destacando el impacto inmediato en Arizona.
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La Oficina de Servicios para Víctimas de su despacho, que atiende a sobrevivientes de abuso sexual y tráfico humano, enfrenta recortes severos junto a programas como Head Start, Meals on Wheels y clínicas de salud comunitaria
“¿Qué creen que pasará cuando cierren estos servicios? Los arizonenses pagarán la cuenta por cuidado infantil de emergencia, lucharán para alimentar a sus familias y perderán apoyos garantizados por ley”, advirtió Mayes.
Los cambios normativos, emitidos el 10 de julio por los Departamentos de Salud, Educación, Trabajo y Justicia sin períodos de transición, obligan a programas estatales a implementar burocracia migratoria sin infraestructura preparada.
Esto afecta particularmente a ciudadanos estadounidenses sin identificación formal, quienes representan un tercio de los beneficiarios históricos.
En Arizona, el impacto sería devastador: 15,000 niños y 13,000 familias en Head Start perderían apoyo educativo y nutricional; 35,000 usuarios de 53 clínicas de Título X verían restringida su atención; y miles dependerían de los 2.5 millones de comidas anuales de Meals on Wheels.
La demanda argumenta violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo por omitir análisis de impacto y períodos de comentario público y además, sostiene que el gobierno federal aplica erróneamente la PRWORA a programas completos en lugar de beneficios individuales, y viola la Cláusula de Gasto constitucional al imponer condiciones sin notificación adecuada.
“Estas reglas desestabilizarán sistemas ya sobrecargados”, señala la acción legal, subrayando que programas de educación para adultos y salud mental enfrentan cierres inminentes.
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Mayes se alía con fiscales de Nueva York, Washington, Rhode Island y otros 17 estados más el Distrito de Columbia. Solicitan suspender inmediatamente las normas, declarar su ilegalidad y restaurar la interpretación histórica de PRWORA.
Mientras tanto, proveedores en Arizona alertan que la verificación migratoria disuadirá a víctimas de violencia doméstica y pacientes crónicos de buscar ayuda, generando crisis paralelas en comunidades fronterizas donde el acceso a servicios sociales ya es frágil.
La batalla judicial expone cómo una reinterpretación normativa puede desmantelar décadas de protección social en cuestión de días.
