El cónsul de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas analiza la nueva propuesta Ley Dignidad, de la legisladora María Elvira Salazar. Foto: Cortesía / CPB
El pasado 15 de julio fue reintroducida en el Congreso de los Estados Unidos la iniciativa legislativa denominada Dignity Act (H.R. 4393), por parte de las congresistas María Elvira Salazar (R-FL) y Veronica Escobar (D-TX). Se trata de un esfuerzo bipartidista que busca abrir un nuevo capítulo en el debate migratorio estadounidense, uno que reconozca la realidad de millones de personas que viven y trabajan en este país sin un estatus migratorio regular.
Desde el Consulado General de México en Phoenix, observamos esta propuesta con interés, sensibilidad y sentido de responsabilidad. No corresponde a nuestra misión opinar sobre decisiones internas del Congreso estadounidense, pero sí es nuestro deber —además de defender los derechos y la dignidad de la comunidad mexicana— procurar su mejor interés. Esta comunidad, como sabemos, representa la mayoría de las personas indocumentadas en Arizona y en el país.
Un intento serio, aunque con retos
La Dignity Act reconoce que no se puede seguir ignorando la situación de más de 10 millones de personas que forman parte activa del tejido económico y social de Estados Unidos. Propone una ruta legal de siete años, renovable, conocida como “Programa Dignidad”, que permitiría a quienes cumplan con ciertos requisitos —residencia prolongada, ausencia de antecedentes penales y pago de multas— acceder a un estatus migratorio regularizado. También abre la posibilidad, mediante un programa adicional de “Redención”, de aplicar a la residencia permanente a largo plazo.
Sin embargo, este avance viene acompañado de condiciones que deben analizarse con cuidado. Entre ellas, el pago de multas por 7,000 dólares, un impuesto del 1.5 % a los ingresos durante el programa, y la obligatoriedad del sistema E-Verify para los empleadores. Tales requisitos podrían dejar fuera a muchas personas en situación vulnerable, particularmente a trabajadores agrícolas o jornaleros con ingresos bajos.
Arizona: una realidad distinta a la narrativa
En el debate político actual persiste una narrativa de “crisis” en la frontera. Pero los datos oficiales recientes del Sector Tucson contradicen la idea de una invasión. Informes generados entre mayo y julio de 2025 muestran un flujo migratorio sostenidamente bajo en puntos de detención como Ajo, Douglas, Wilcox y Nogales. En la mayoría de los días reportados, las estaciones registran entre una y cinco detenciones diarias —la gran mayoría de personas provenientes de México y Centroamérica.
Estos datos no solo reflejan un contexto de mayor control en la frontera, sino también una migración que responde a necesidades económicas, familiares y humanitarias, más que a una amenaza de seguridad. Reducir esta complejidad humana a slogans simplistas empobrece el debate público.
Proyección y responsabilidad compartida
La Dignity Act enfrenta desafíos reales para avanzar en el Congreso. La polarización política, las posturas endurecidas del movimiento MAGA y la prioridad del actual gobierno federal por endurecer deportaciones complican el panorama. Sin embargo, es positivo que exista un intento por articular una visión más estructurada y menos punitiva del fenómeno migratorio.
Desde México, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido clara: cualquier propuesta migratoria debe tener como eje el respeto a los derechos humanos, la proporcionalidad en las sanciones y la inclusión efectiva de quienes más lo necesitan. Nuestra comunidad migrante no solo trabaja: también sueña, educa a sus hijos, paga impuestos y aporta profundamente a la vida de este país.
Dignidad en el sentido pleno
En el Consulado General de México nos toca escuchar de primera mano las historias de miles de personas mexicanas en situación migratoria irregular: hombres y mujeres que llevan décadas construyendo una vida digna con trabajo honesto, compromiso familiar y arraigo en sus comunidades. Para ellos, esta iniciativa representa una esperanza, pero también una responsabilidad compartida de parte de gobiernos, legisladores y sociedad civil.
La dignidad no puede ser solo una palabra; debe materializarse en políticas públicas que reconozcan el valor de quienes han hecho de Estados Unidos su hogar, y que permitan una integración justa, sin exclusiones económicas ni temores constantes.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Entérate primero que nadie de las noticias
Nuestro compromiso como representación consular es claro: acompañar, orientar y proteger a nuestra comunidad, sin importar su estatus migratorio. Seguiremos dando seguimiento puntual a esta propuesta legislativa, promoviendo la voz de nuestros connacionales y trabajando con todos los actores —locales, estatales y federales— para que la dignidad no venga envuelta únicamente en una ley, sino sea una realidad cotidiana para millones de mexicanos en Estados Unidos.
*Jorge Mendoza Yescas es servidor público y abogado con maestría en administración pública, especializado en diplomacia consular. Desde el 2019 se desempeña como Cónsul General de México en Phoenix.
