Esta medida que tomaría FEMA, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional subraya un endurecimiento significativo de la política migratoria de la administración. Foto: Cortesía / @Sec_Noem
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), tradicionalmente el pilar de respuesta a desastres naturales, ha anunciado la asignación de $608 millones de dólares a los estados, no para catástrofes, sino para expandir la capacidad de detención de inmigrantes.
Esta medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), subraya un endurecimiento significativo de la política migratoria de la administración, enfocándose en la detención masiva.
La decisión marca un giro controvertido para FEMA, cuya misión principal es la preparación y respuesta ante emergencias y desastres. Ahora, mediante un nuevo “programa de subvenciones de apoyo a la detención” (detention support grant program), de acuerdo con un comunicado, la agencia facilitará a los estados la construcción de nuevas instalaciones temporales para albergar a migrantes. Los estados interesados tienen hasta el 8 de agosto de 2025 para solicitar estos fondos.
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Activistas de derechos humanos y legisladores críticos han levantado la voz, argumentando que desviar recursos de una agencia vital para emergencias hacia la detención de inmigrantes es una prioridad equivocada que desnaturaliza la misión de FEMA y fomenta una estrategia basada en la criminalización y el encierro en lugar de soluciones humanitarias. La reasignación de fondos de FEMA para fines de control migratorio ha sido un punto de contención recurrente en administraciones anteriores.
La justificación detrás de esta inversión multimillonaria es la necesidad de expandir la “infraestructura de detención”, sugiriendo que la detención es la principal respuesta a la llegada de migrantes a la frontera sur. Esta postura se alinea con una política que busca disuadir la migración mediante el incremento de las capacidades de detención y deportación.
El Caso de Florida: “Alligator Alcatraz” y Fondos Federales
Un ejemplo palpable de esta nueva directriz es el estado de Florida. El gobernador Ron DeSantis ya ha manifestado la intención de su administración de solicitar el reembolso a FEMA para un polémico nuevo centro de detención de inmigrantes, conocido extraoficialmente como “Alligator Alcatraz”.
Se estima que esta instalación, en caso de construirse, podría tener un costo operativo de hasta $450 millones anuales, una cifra que ahora buscaría ser cubierta, en parte, con fondos federales de emergencia.
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Esta iniciativa no solo aumenta el número de camas de detención disponibles, sino que también descentraliza el control, permitiendo que los estados asuman un papel más activo en la política de detención, con el respaldo financiero del gobierno federal.
La medida de FEMA es vista por sus críticos como otra pieza en el rompecabezas de una política migratoria cada vez más restrictiva, que prioriza la aplicación de la ley y el encierro sobre la gestión humanitaria y la integración de las personas que buscan refugio o nuevas oportunidades en Estados Unidos.
