El programa de las becas universales que distribuyó $869 millones en 2025, opera con solo 40 empleados para gestionar más de 85,000 cuentas. CORTESIA: Cartwright School District
Mientras las escuelas se quedan sin recursos, beneficiarios acumulan $440 millones
Mientras Arizona ocupa el puesto 49 en financiamiento para escuelas públicas, más de $440 millones en fondos del programa de Cuentas de Becas de Empoderamiento (ESA, por sus siglas en inglés) permanecen inactivos en cuentas familiares, según registros obtenidos por investigaciones periodísticas.
Este acumulado récord, que incluye más de 10,000 cuentas con saldos superiores a $10,000 y cerca de 200 que rebasan los $100,000, contrasta con la precariedad de las aulas estatales y ha desatado una tormenta política entre funcionarios estatales.
La gobernadora Katie Hobbs cuestionó duramente el fenómeno: “Esto demuestra por qué necesitan salvaguardias. Ningún contribuyente apoyaría esto”.
Sus declaraciones llegaron horas después de que su portavoz calificara al personal administrativo de las ESA como “burocracia derrochadora”, provocando la réplica del superintendente de Instrucción Pública, Tom Horne: “Definir a las personas como desperdicio es un insulto terrible. Servir a los padres no es derrochador; es esencial”.
El programa, que distribuyó $869 millones en 2025 según el director de ESA John Ward, opera con solo 40 empleados para gestionar más de 85,000 cuentas, una carga que Ward describió como permanente “modo supervivencia”.
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Esta precariedad explica en parte la acumulación de fondos y las fallas de fiscalización, evidenciadas por casos de fraude como el de Jadakah Johnson y Raymond Johnson Jr., sentenciados a pagar $196,526 en restitución por malversación.
La tensión escaló cuando la fiscal general Kris Mayes ordenó bloquear gastos en materiales educativos “sin documentar su vínculo curricular”, incluyendo artículos básicos como libros o calculadoras y aunque retrocedió parcialmente tras una demanda del Instituto Goldwater, el episodio dejó al descubierto la fractura entre control estatal y autonomía familiar.
El manual ESA 2025-2026, avalado tras meses de polémica, eliminó topes específicos ($4,000 para instrumentos, $2,000 para computadoras) pero implementó un sistema tridimensional de evaluación que genera nuevas incertidumbres.
Horne defendió el cambio argumentando que los montos anteriores eran “reglas generales”, destacando que solo 8% de las solicitudes fueron rechazadas.
No obstante, padres como Angela Faber, con un hijo en educación especial, tacharon las normas de “arbitrarias”: “Estos nuevos requisitos de documentación son absurdos. Los proveedores médicos no escribirán cartas para materiales escolares específicos”.
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Impacto fiscal y batalla política
Para la representante demócrata Nancy Gutiérrez, el modelo es “insostenible e injusto” y podría “quebrar al estado”. Sus advertencias cobran fuerza al analizar que el 50% de los fondos inactivos ($220 millones) pertenece a familias sin necesidades especiales, mientras las escuelas públicas languidecen.
Republicamos como Nick Kupper defienden la flexibilidad: “Si hay $440 millones en cuentas de 85,000 estudiantes, suena como un programa popular”.
Sin embargo, Ward admitió que Arizona nunca ha recuperado dinero de estas cuentas, y solo revisará el 10% de las inactivas que acumulan $50 millones tras la investigación periodística.
La crisis administrativa se profundiza con revelaciones de que el programa incumplió durante diez meses la ley que exige crear procedimientos antifraude con la auditora estatal Lindsay Perry.
Ward justificó el retraso: “Nuestra responsabilidad principal es admitir estudiantes y revisar compras”, esta falta de supervisión coincide con gastos cuestionables aprobados previamente, como pianos de $4,000 o lecciones de manejo en vehículos de lujo.
Políticamente, el programa ha fracturado incluso al Partido Republicano, luego que la tesorera Kimberly Yee desafía a Horne en las primarias de 2026, acusándolo de crear “burocracia arbitraria” y “sobrerregulación”.
Mientras tanto, la gobernadora Hobbs denuncia que los legisladores republicanos rechazaron incluir “medidas de sentido común” en el presupuesto, como evaluar todas las compras menores a $2,000.
Encrucijada educativa
El debate trasciende lo administrativo: mientras grupos como Save Our Schools Arizona denuncian que el ESA drena recursos públicos sin control, el Instituto Heritage señala que 54.3% de los beneficiarios son familias de ingresos menores a $100,000, contradiciendo la narrativa de que es un “subsidio para ricos”.
No obstante, el programa cuesta $869 millones anuales, más que todo el presupuesto federal educativo de Arizona y se proyecta que superará los $1,000 millones en 2026.
Con $440 millones inactivos en cuentas privadas, aulas públicas en el puesto 49 de financiamiento nacional, y una batalla ideológica sin resolución, Arizona enfrenta una disyuntiva histórica: continuar expandiendo la libertad educativa sin restricciones o priorizar la equidad en un sistema público que lucha por sobrevivir.
