Crecientes denuncias de la comunidad sobre el facilitamiento de agencias como DPS y la Policía de Phoenix para las deportaciones de ICE. Cortesía / Arizona Department of Safety
Múltiples denuncias evidencian que el Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Policía de Phoenix colaboran activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), contradiciendo las reiteradas declaraciones de la gobernadora Katie Hobbs y la alcaldesa Kate Gallego.
El Cónsul General de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, alertó sobre un “aumento en llamadas a ICE por parte de agentes del DPS, conocidos como State Troopers”, quienes durante paradas vehiculares menores derivan en detenciones migratorias, mientras que la organización comunitaria Poder In Action ha hecho reiterados señalamientos contra la Policía de Phoenix.
Mecanismos de Coordinación
Raúl García, vocero del DPS, justificó estas acciones citando el Arizona Revised Statute (ARS) 11-1051, que permite a los agentes “verificar el estatus migratorio con ICE cuando existe sospecha razonable de presencia ilegal”.
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Mencionó un incidente documentado (I25043951), un agente contactó a ICE tras una colisión sin lesiones, luego de que un testigo revelara “voluntariamente” que el conductor tenía una orden de deportación activa.
García insistió en que el agente “actuó conforme al protocolo” al liberar al individuo tras esperar un “tiempo razonable” para ICE.
No obstante, Mendoza Yescas subraya que estos casos no son aislados: “Hemos recibido múltiples reportes de personas detenidas por infracciones menores que terminan bajo custodia migratoria”.
Mientras la gobernadora Hobbs y la alcaldesa Gallego niegan coordinación con ICE, investigaciones revelan mecanismos encubiertos.
La cárcel del condado de Maricopa (4th Avenue Jail), gestionada por la Oficina del Alguacil, notifica “automáticamente” a ICE durante los procesos de registro, usando una pregunta clave: “¿Dónde naciste?”.
Según datos recopilados, esto inició 108 de 152 casos de deportación en los primeros tres meses del segundo mandato de Trump.
Además, la Policía de Phoenix, aunque afirma no hacer cumplimiento migratorio, envía a los detenidos a esta cárcel, facilitando su contacto con ICE.
La organización Poder In Action presentó en junio la Resolución para Comunidades Prósperas, exigiendo al Concejo Municipal de Phoenix:
- Prohibir paradas por perfil racial.
- Eliminar cuotas de arrestos.
- Priorizar citaciones sobre detenciones.
- Frenar criminalización de la pobreza.
Pese a promesas previas de Gallego de no usar recursos municipales para deportaciones, la resolución fue rechazada, con solo el voto a favor de la concejal Anna Hernández. “Si realmente se oponen a colaborar con ICE, ¿Por qué ignoran soluciones concretas?”, cuestionó Bazilisa Bailón de Trans Queer Pueblo.
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Mendoza Yescas instó a la comunidad a portar matrículas consulares como identificación válida y evitar confrontaciones: “No cooperar o negarse a identificarse escala situaciones innecesariamente”.
Sin embargo, enfatizó que el problema sistémico requiere cambios de fondo: “La solución no es construir más cárceles, sino abordar los ciclos que desestabilizan comunidades”, señaló Eric Laughlin de Poder In Action.
