Escuelas públicas de Phoenix y Tucson reportan incertidumbre sobre cómo equilibrar derechos parentales con obligaciones antidiscriminatorias. CORTESIA: Roosevelt School District / Facebook
Superintendente de Instrucción Pública invoca fallo de Corte Suprema
El superintendente de Instrucción Pública de Arizona, Tom Horne, instó a padres a ejercer su derecho a retirar a sus hijos de clases con contenidos “inapropiados”, invocando un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que respalda objeciones religiosas contra material educativo.
La advertencia, emitida al inicio del año escolar, enfatiza que las escuelas deben priorizar “académicos, no adoctrinamiento social”.
Horne citó como ejemplo un incidente en una escuela de Tucson donde un docente afirmó que “personas de ciertas religiones quieren matar a individuos LGBTQ”, animó a estudiantes a “dudar de sus creencias religiosas” y sugirió métodos para “progresar en una transición de género”.
Aunque el maestro involucrado se retiró, el caso ilustra, según Horne, el tipo de situaciones que justifican la supervisión parental.
El fallo aludido, cuya identificación no especificó Horne, amplía protecciones basadas en la Primera Enmienda, permitiendo a familias excluir a estudiantes de lecciones que contradigan sus convicciones religiosas.
Para facilitar reportes, el Departamento de Educación de Arizona activó la “Línea Empower”, un canal para denunciar contenidos que desvíen el foco de estándares académicos hacia ideología de raza, etnia o género.
Esta política se alinea con tendencias conservadoras en estados como Texas, donde una ley reciente prohíbe iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en escuelas K-12 y exige exhibir los Diez Mandamientos en aulas, medidas actualmente impugnadas en cortes federales.
Grupos de derechos civiles cuestionan la estrategia. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Arizona advirten que etiquetar discusiones sobre identidad como “inapropiadas” podría censurar educación inclusiva y violar derechos de estudiantes LGBTQ.
Horne, sin embargo, insiste en que su objetivo es reforzar materias básicas: “Los estudiantes necesitan lectura, escritura, matemáticas, ciencias, historia y artes, no distracciones ideológicas”.
El conflicto refleja una polarización nacional, pues en Texas, legisladores debaten si normas como la prohibición de teléfonos en aulas, vigente desde este año, buscan reducir distracciones o controlar acceso a información.
