El senador republicano John Cornyn anunció que el FBI asistirá en la localización de más de 50 legisladores demócratas que dejaron el estado para bloquear un plan de redistritación ordenada por el Donald Trump. CORTESIA: John Cornyn / Facebook
Aumenta tensión en el conflicto de redistritación otros estados amenazan hacer lo mismo
La crisis política en Texas escaló a nivel federal este jueves cuando el senador republicano John Cornyn anunció que el FBI asistirá en la localización de más de 50 legisladores demócratas que dejaron el estado para bloquear un plan de redistribución de distritos electorales (gerrymandering) ordenada por el presidente Donald Trump con el propósito de obtener 5 escaños más en 2026.
Normalmente los cambios en los distritos electorales deben realizarse después de cada censo y el siguiente está programado para el 1 de abril de 2030; en algunos estados, nada impide que las legislaturas realicen la redistribución de distritos con más frecuencia.
La medida fuera del tiempo establecido busca garantizar cinco escaños adicionales para el Partido Republicano en la Cámara de Representantes en el Congreso antes de las elecciones intermedias de 2026, alterando distritos con alta representación latina y afroamericana en Austin, Houston y Dallas.
Los demócratas, actualmente refugiados en Illinois, Nueva York y Massachusetts, rompieron el quórum el domingo 3 de agosto, imposibilitando así la votación en la Cámara de Texas, que requiere dos tercios de sus 150 miembros presentes para operar.
Esta táctica, utilizada previamente en 2003 y 2021, retrasa también la aprobación de fondos de auxilio para las inundaciones que dejaron 136 muertos en julio.
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El gobernador Greg Abbott ha respondido con una batería de sanciones: multas de 500 dólares diarios por ausencia, órdenes de arresto civil válidas solo dentro de Texas, y una petición a la Corte Suprema estatal para destituir al líder del caucus demócrata, Gene Wu.
Además, ordenó a los Rangers de Texas investigar presuntos delitos de soborno relacionados con donaciones para cubrir dichas multas.
Cornyn justificó la intervención del FBI al calificar a los legisladores de “fugitivos” que evaden “responsabilidades constitucionales”, agradeciendo al director Kash Patel y a Trump por su apoyo inmediato.
Sin embargo, expertos jurídicos como Sarah Chen del Proyecto de Derechos Civiles de Texas señalan que las órdenes de arresto carecen de validez extraterritorial y la extradición sería inviable al no mediar cargos criminales.
Paralelamente, Abbott intenta aplicar una opinión no vinculante de 2021 del fiscal general Ken Paxton que sugiere la vacancia de escaños por “abandono del cargo”, aunque profesores de derecho como David Froomkin la consideran “infundada” cuando la ausencia responde a un debate legislativo vigente.
El conflicto trasciende Texas, pues los gobernadores demócratas como Gavin Newsom (California), Kathy Hochul (Nueva York) y JB Pritzker (Illinois), quien alberga a los fugados, han propuesto contraofensivas de redistritación en sus estados.
Hochul advirtió: “No toleraremos que nuestra democracia sea robada en un atraco de diligencia”.
Gavin Newsom (California) evalúa un referéndum de emergencia en noviembre para ajustar distritos si Texas implementa su mapa.
A nivel retórico, el enfrentamiento cristaliza posturas irreconciliables: la representante Elizabeth Campos tilda las amenazas de “intimidación, no liderazgo”, mientras Trump exige a los demócratas “volver a pelear, como dictan las elecciones”.
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Las consecuencias económicas ya son cuantificables. Los legisladores ausentes enfrentan multas acumulativas que podrían superar los 382,500 dólares si persisten hasta el fin de la sesión especial el 19 de agosto, cifra que escalaría a 3,2 millones si se extienden hasta diciembre.
Aunque el Partido Demócrata Nacional promete apoyo financiero, Abbott amenaza con acusar de soborno a quien reciba fondos para cubrir sanciones.
Históricamente, estas rupturas de quórum solo han retrasado y no anulado iniciativas republicanas, como ocurrió en 2021 con la ley de restricciones electorales.
El desenlace podría redefinir los límites de la resistencia legislativa en el país, especialmente si el FBI, agencia tradicionalmente renuente a intervenir en disputas políticas locales, ejecuta acciones coercitivas sin precedentes contra funcionarios electos.
Mientras Texas reactiva viejas tensiones federalistas, la redistritación se consolida como el nuevo campo de batalla por el control de la Cámara federal en 2026.
