El polémico registrador del condado Justin Heap, intenta lograr más control en las elecciones siguiendo la agenda MAGA. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Registrador amaga a Supervisores del Condado buscando más control en comicios
Mensajes de texto del registrador del condado de Maricopa, Justin Heap identificado con el movimiento MAGA, obtenidos por Votebeat y publicados recientemente, exponen una lucha interna por el control de las elecciones en el condado más poblado de Arizona.
Los documentos muestran cómo Heap presionó en privado a los supervisores republicanos Debbie Lesko y Mark Stewart para respaldar su propuesta de acuerdo de servicios compartidos (SSA, por sus siglas en inglés), que le devolvería autoridad sobre funciones electorales clave como el personal de TI, el voto anticipado y las urnas de entrega de boletas.
En marzo de 2025, Heap afirmó por mensaje de texto haber conseguido el apoyo del supervisor demócrata Steve Gallardo para su propuesta: “No me preguntes qué tipo de canales ocultos y presiones tuve que usar para conseguir al demócrata en la Junta, pero votará por el SSA que propuse”.
Gallardo desmintió categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de “mentiras totales” y anunció una investigación por corrupción pública ante la fiscal general Kris Mayes. “Heap está mintiendo sobre mí”, declaró Gallardo, quien insiste en que solo se reunió con Heap una vez, sin discutir el SSA.
Los mensajes también revelan el deterioro de la relación entre Heap y el presidente de la Junta de Supervisores, Thomas Galvin.
Y es que Heap acusó al jefe de personal de Galvin de protagonizar una “despotricada llena de palabrotas” durante un encuentro en abril, mientras que la supervisora Kate Brophy McGee confrontó a Heap tras reubicar pertenencias de un empleado, advirtiéndole que “el personal del condado no se involucra en dramas políticos”.
Fractura legal y riesgo electoral
Las negociaciones colapsaron en junio, cuando Heap demandó a la Junta después de rechazar un borrador de SSA que, según activistas como Merissa Hamilton, consolidaba el control de los supervisores sobre procesos críticos como la custodia de boletas y la selección de máquinas de votación.
Hamilton alertó que el acuerdo propuesto por Galvin “bloqueaba al registrador de tener voz en la selección de equipos” y creaba “procesos electorales inseguros”, pero los supervisores presentaron una contrademanda en julio, dejando las responsabilidades electorales en un limbo jurídico a menos de un año de las elecciones intermedias de 2026.
Heap, quien asumió el cargo en enero de 2025 prometiendo “restaurar la integridad electoral”, argumenta que la Junta “usurpó ilegalmente” sus funciones estatutarias al transferir su departamento de TI y controlar portales de información electoral como BeBallotReady.com.
Su demanda señala que casi la mitad de sus solicitudes de soporte técnico llevaban más de seis semanas sin resolverse, un trato “punitivo” según su equipo.
La controversia escaló cuando Heap retrasó la entrega de sus mensajes personales tras una solicitud de registros públicos de Votebeat.
Aunque su jefe de staff, Sam Stone, prometió publicarlos antes del 31 de julio, Heap ya había expresado preocupación por la divulgación en abril: “Espero que tú y yo no recibamos solicitudes de periodistas para nuestros celulares mañana”, escribió a Lesko.
Mientras, la supervisora Lesko leyó en público textos de Heap durante reuniones comunitarias, provocando su enfadada réplica: “Deja de leer mis textos privados en público”.
El conflicto tiene raíces en 2018, cuando el entonces registrador Adrián Fontes cedió el control del día de las elecciones a la Junta tras errores en los comicios, sin embargo, el SSA de octubre de 2024, firmado por el predecesor de Heap, Stephen Richer, y una Junta en incapacitada amplió esa pérdida de atribuciones.
Heap lo calificó de “intento ilegítimo” por parte de funcionarios salientes para “socavar el mandato de los votantes”.
Hoy, con la batalla judicial en curso y sin un acuerdo operativo, la administración electoral de Maricopa, escenario de polémicas en 2020, 2022 y 2024, enfrenta nuevos riesgos de inestabilidad.
Como resume Gallardo: “La confianza pública ya estaba fracturada y esto la profundiza”.
La fiscalía de Arizona podría decidir próximamente si investiga las acusaciones de corrupción, añadiendo otra capa de incertidumbre al sistema electoral del condado que define contiendas nacionales.
