Adrián Fontes advirtió que sin esta modernización, Arizona seguirá expuesta a amenazas de actores estatales como Irán, Rusia o China. CORTESIA: Arizona Secretary of State / Facebook
El secretario de Estado, Adrián Fontes, solicitó $10 millones en financiamiento inmediato y $3.5 millones anuales para modernizar la infraestructura electoral de Arizona, tras revelarse que hackers proiraníes vulneraron el portal de candidatos el 23 de junio.
Durante una reunión bipartidista con legisladores estatales, Fontes detalló que los atacantes sustituyeron fotos de candidatos con imágenes del ayatolá Jomeini, líder de la Revolución Iraní de 1979, en lo que calificó como un “ataque sofisticado” vinculado a represalias por bombardeos estadounidenses contra Irán dos días antes.
El incidente, contenido gracias a la rápida intervención del Departamento de Seguridad Nacional de Arizona, no comprometió sistemas críticos como la base de datos de votantes (AVID) o el programa de protección para víctimas de violencia doméstica (ACP), ambos operando en redes segmentadas.
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Sin embargo, expuso vulnerabilidades en tecnología obsoleta: el portal afectado era un “sistema heredado” sin autenticación multifactorial, donde los atacantes explotaron la función de carga de imágenes para inyectar código malicioso.
Fontes subrayó que Arizona evitó coordinarse con la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés) federal, denunciando que la administración Trump la ha “politizado y debilitado”.
En declaraciones a CyberScoop, Michael Moore, jefe de seguridad informática de la oficina, confirmó que “hasta 2024 teníamos contactos directos en CISA; hoy ni siquiera existen asesores federales de ciberseguridad”.
Esta desconfianza se agrava por recortes presupuestarios que eliminaron 130 puestos en CISA y congelaron sus actividades de seguridad electoral desde febrero.
La solicitud de fondos busca reemplazar sistemas legacy por infraestructura bajo el estándar GovRAMP, marco estandarizado de seguridad en la nube adoptado por estados como Indiana, que exigiría a proveedores tecnológicos certificar sus protocolos de defensa.
Fontes advirtió que sin esta modernización, Arizona seguirá expuesta a amenazas de actores estatales como Irán, Rusia o China, que intensifican ataques en un contexto geopolítico volátil.
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Aunque legisladores de ambos partidos reconocieron la urgencia durante la reunión, Arizona enfrenta obstáculos mayores: el proyecto Project 2025, avalado por la administración Trump, propone desmantelar agencias como CISA y transferir autoridad de derechos civiles al Departamento de Justicia, lo que analistas del Brennan Center consideran un “riesgo catastrófico” para la seguridad electoral.
Mientras, el estado publicará esta semana un informe público con directrices para funcionarios locales, priorizando la transparencia como antídoto contra la desconfianza.
