Según la fiscal de Arizona, Kris Mayes, muchos de estos llamadas de fraude apuntaban a adultos mayores con amenazas de “demandas o arrestos”. CORTESIA: Arizona Attorney General’s Office / Facebook
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, anunció la incorporación del estado a la Operación Robocall Roundup, una ofensiva legal coordinada por la Fuerza de Trabajo Multistatal contra Robocalls que emitió cartas de advertencia a 37 proveedores de servicios de voz por incumplir normativas federales diseñadas para bloquear llamadas fraudulentas.
Estos proveedores, entre los que figuran Alpha Stream, BPO VoIP y SkyPulse VOIP, según la lista publicada, han ignorado tres requisitos clave: no responden solicitudes de rastreo de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), no están registrados en la Base de Datos de Mitigación de Robocalls, y no presentaron planes para combatir estas llamadas, facilitando así que estafadores alcancen a ciudadanos.
“Estas empresas permiten conscientemente que robocalls fraudulentas circulen por sus redes”, declaró Mayes, enfatizando que su despacho “no tolerará compañías que lucran con estas prácticas mientras ponen en riesgo a los residentes”.
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La medida se produce en un contexto crítico: Arizona ocupa el tercer puesto nacional en quejas por robocalls, con Phoenix y Tucson entre las ciudades más afectadas y un incremento del 10% en denuncias durante el último año.
Solo en 2023, los estadounidenses perdieron más de $1.200 millones en estafas vinculadas a estas llamadas.
La estrategia incluye notificaciones a 99 proveedores “secundarios” que transmiten tráfico para las 37 compañías señaladas, advirtiéndoles sobre su asociación con entidades que no cumplen.
Paralelamente, la FCC eliminó a siete de esos proveedores de su base de datos, lo que impedirá a otras operadoras enrutar llamadas desde sus redes. Este paso refleja la aplicación de normas TCPA actualizadas que, desde enero de 2025, exigen consentimiento explícito “uno a uno” para comunicaciones automatizadas, cerrando vacíos legales históricos.
La Fuerza de Trabajo, lanzada en 2022 por 51 fiscales generales y liderada por Carolina del Norte, Indiana y Ohio, ya había demandado anteriormente a la compañía AvidTelecom por generar 7,500 millones de robocalls a números en el Registro Nacional de No Llamar, incluidos 197 millones dirigidos a Arizona entre 2018 y 2023.
Según Mayes, muchos de estos fraudes apuntaban a adultos mayores con amenazas de “demandas o arrestos”.
La Operación Robocall Roundup coincide con un informe de la asociación de consumidores U.S. PIRG que revela retrasos generalizados en la implementación de tecnología anti-robocalls.
A pesar de una ley federal de 2019 que obliga a las telefónicas a instalar sistemas de bloqueo, menos de la mitad las han adoptado completamente, y algunas incluso cobran tarifas mensuales por protecciones básicas.
Este vacío técnico se aprovecha desde el exterior: un proyecto de ley bipartidista en el Senado propone crear un grupo de trabajo FCC-sector privado para combatir robocallsoriginados en el extranjero, donde operan redes criminales globales.
Mientras la batalla legal avanza, las autoridades recomiendan a los ciudadanos reportar llamadas sospechosas en el portal www.azag.gov/consumer o mediante el sistema de la FCC.
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Como subrayó Mayes en marzo, cuando se unió a una coalición de 28 estados para respaldar normas FCC más estrictas: “Estas llamadas no solo son molestas; son una puerta de entrada al fraude que drena millones de ahorros de arizonenses”.
El éxito de esta operación podría definir si la tendencia alcista en robocalls, que ya sitúa al estado en 813 quejas por cada 100.000 habitantes, comienza finalmente a revertirse.
