Alex Acosta forma parte de la junta directiva de Newsmax, cadena aliada del Partido Republicano. Foto: Cortesía / CSPAN
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes emitió citaciones a figuras prominentes como Bill Clinton, Hillary Clinton, James Comey, Robert Mueller, MerrickGarland y otros exfuncionarios como parte de su investigación sobre los crímenes del financiero Jeffrey Epstein.
Sin embargo, la exclusión de Alex Acosta, exfiscal federal clave en el controversial acuerdo de no enjuiciamiento de 2008 con Epstein, ha generado cuestionamientos sobre el enfoque real del proceso.
Acosta, quien como fiscal federal en Florida negoció el acuerdo que permitió a Epstein evitar cargos federales por tráfico sexual infantil, cumplió solo 13 meses en una cárcel del condado con un régimen de libertad laboral que le permitía salir hasta seis días por semana.
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El pacto otorgó además inmunidad a presuntos cómplices y se cerró sin notificar a las víctimas, según documentan registros judiciales; actualmente, Acosta forma parte de la junta directiva de Newsmax, cadena aliada del Partido Republicano, tras haber renunciado a la Secretaría del Trabajo en la primera administración Trump, luego que surgieron críticas por prácticamente “liberar” a Epstein.
Críticos señalan que esta omisión socava la credibilidad de la investigación. Mientras el comité, presidido por el republicano James Comer, enfoca sus citaciones en figuras demócratas de alto perfil, evita interrogar al único involucrado que podría detallar mecanismos institucionales que protegieron a Epstein.
Revisiones internas del Departamento de Justicia ya habían exonerado previamente a Acosta de irregularidades en 2020, tras lo cual defendió el acuerdo como una “estrategia” legal válida.
La investigación actual tampoco ha priorizado el acceso a pruebas selladas por jurados, ni declaraciones de víctimas que exigieron transparencia durante años.
Este enfoque ha alimentado acusaciones de que el proceso sería “teatro de rendición de cuentas” diseñado para generar titulares más que justicia sustantiva.
Analistas jurídicos subrayan que Acosta podría explicar por qué el Departamento de Justicia desestimó inicialmente cargos federales que habrían implicado cadena perpetua para Epstein, pero su testimonio permanece sin requerirse.
Mientras el comité republicano argumenta que las citaciones buscan descubrir redes de poder que protegieron a Epstein, la selección de nombres sugiere un sesgo partidista.
Ningún miembro de administraciones republicanas vinculadas a Epstein, como el exfiscalgeneral Bill Barr, también citado, ha sido objeto de escrutinio comparable en las declaraciones públicas del comité.
Esta dinámica reflejaría lo que detractores denominan “corrupción performativa”: usar el caso para alimentar guerras culturales mientras se eluden responsabilidades transversales.
El acuerdo de 2008 negociado por Acosta ha sido calificado por jueces federales como ilegal por violar derechos de víctimas, pero su arquitecto sigue sin rendir cuentas ante el Congreso.
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Si la investigación actual repite este patrón de impunidad selectiva, según observadores, revelaría cómo el sistema prioriza proteger a poderosos sobre víctimas de abuso, independientemente de signos políticos.
Las víctimas del caso Epstein, mientras tanto, continúan esperando una investigación genuinamente exhaustiva que aclare cómo operaron durante décadas las redes de impunidad.
