El juez Enrique Medina Ochoa ofreció orientación a los trabajadores que han sido afectados por falta de pago de la empresa A1 Roofing Solutions, que les adeuda alrededor de medio millón de dólares. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Un grupo de trabajadores techeros (rooferos) inmigrantes, liderados por el portavoz Vinicio De León, ha denunciado públicamente a la empresa A1 Roofing Solutions por adeudar cerca de $500,000 en salarios.
Los afectados, originarios de varios países latinoamericanos, acudieron a medios de comunicación tras agotar las vías de diálogo con los propietarios José Camacho y Eliseo Arciénaga, quienes han evadido sistemáticamente sus responsabilidades.
Según testimonios, la empresa utiliza “promesas falsas y migajas de pago” para retener a los trabajadores en obras residenciales, posponiendo indefinidamente el salario completo.
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El exjuez de paz del Condado Maricopa, Enrique Medina Ochoa, brindó una guía crucial durante una reunión con los afectados: “Independientemente de su situación migratoria, tienen derechos.
Ningún abuso laboral está por encima de la ley” y Medina Ochoa detalló rutas legales diferenciadas: para deudas inferiores a $10,000, como el caso de Wilmer Cabrera, a quien deben $10,500, las cortes de paz son competentes; pero reclamos mayores, como los $60,076 de Eugenio Carrillo, constituyen “apropiación indebida agravada según el código penal de Arizona”, lo que exige acudir a la Corte Superior o a la Fiscalía Estatal.
Además, enfatizó que pruebas como mensajes de texto, audios y registros bancarios, incluso sin contrato escrito, son admisibles para demostrar el fraude.
Patrón de explotación sistémica
La táctica de A1 Roofing Solutions ilustra un problema estructural en sectores con alta mano de obra inmigrante. La empresa clasifica falsamente a los trabajadores como “subcontratistas independientes” para evadir obligaciones legales como pago de horas extras, seguros médicos y compensaciones por riesgo.
Esta práctica, documentada por el bufete Consumer Justice, afecta desproporcionadamente a inmigrantes, quienes constituyen el 38% de la fuerza laboral en construcción y servicios. Según datos federales, el 78% de las violaciones salariales en estos sectores impactan a este grupo.
La respuesta inicial de la Fiscalía General fue cautelosa: mediante su vocero Oscar Hernández, solicitó a los afectados “formalizar denuncias con recibos y contratos”.
Esta reacción, según organizaciones proinmigrantes, ignora una realidad crítica: el 55% de trabajadores indocumentados evita demandar por temor a deportación, permitiendo que empresas abusivas operen impunemente.
Mientras los propietarios de A1 Roofing Solutions exhiben en internet comentarios de clientes satisfechos, los trabajadores señalan que efectivamente, porque ese ha sido su trabajo pero relatan excusas recurrentes cada viernes: “cheques perdidos o rebotados hasta problemas bancarios”.
“Arriesgamos la vida en techos a 15 metros de altura y a éstas áltas remperaturas mientras ellos se enriquecen”, coincidieron los demandantes.
El juez Medina Ochoa advirtió que la Fiscalía requiere “pruebas sólidas de patrones deliberados” para investigar y por ello, recomendó contratar un abogado especializado y contactar a la Oficina de Registro de Contratistas de Arizona (ROC, por sus siglas en inglés) y además, ofreció sostener nuevas reuniones para apoyar en la documentación de evidencias.
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Este caso refleja una epidemia en industrias como agricultura y servicios, donde los inmigrantes soportan condiciones peligrosas sin equipos de seguridad, a nivel nacional, estos sectores concentran el 78% de las violaciones salariales.
Frente a esto, organizaciones como los Sindicatos Mundiales exigen aplicar convenios internacionales como el C143 de la OIT, que protege derechos laborales sin importar estatus migratorio.
Como resume De León: “No pedimos limosna; exigimos lo que nos robaron”.
Su lucha trasciende lo económico: es una batalla contra un sistema que invisibiliza a quienes lo sostienen, y un test de la capacidad institucional para hacer valer sus propias leyes ante la explotación sistematizada.
