Esta entrega escalonada de los archivos del Caso Jeffrey Epstein responde a una votación bipartidista. Foto: Cortesía /
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) comenzará este viernes la transferencia de documentos relacionados con el fallecido financiero y pederasta Jeffrey Epstein al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, cumpliendo parcialmente con un requerimiento emitido el 5 de agosto.
El presidente del comité, James Comer (republicano por Kentucky), confirmó que el DOJ requiere tiempo adicional para “revisar numerosos registros” y realizar redacciones para proteger “la identificación de víctimas y material de abuso sexual infantil”.
Esta entrega escalonada responde a una votación bipartidista inusual donde ocho republicanos, incluidos Nancy Mace y Scott Perry, respaldaron la moción de la representante demócrata Summer Lee exigiendo transparencia total, quien declaró: “La justicia debe aplicarse a todos, sin importar cuán ricos, poderosos o bien conectados sean”.
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Los documentos incluirán expedientes de las investigaciones federales sobre Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, condenada en 2021.
Sin embargo, el proceso enfrenta limitaciones significativas: las redacciones para proteger a las víctimas podrían oscurecer conexiones clave, y no existe un plazo definido para la entrega completa.
Paralelamente, el comité mantiene citatorios pendientes para testimonios de Bill Clinton, Hillary Clinton y exfuncionarios del FBI, mientras que el exfiscal general William Barr ya declaró el 18 de agosto negando la existencia de una “lista de clientes” que implicque al presidente Trump.
El contexto político muestra contradicciones notables y mientras Comer elogió el “compromiso de transparencia” de la administración Trump, el DOJ y el FBI habían afirmado previamente en julio que ninguna divulgación adicional era “apropiada o justificada”, generando críticas internas.
Simultáneamente, documentos judiciales recientes revelan que ejecutivos de medios conservadores como Newsmax, que acaba de pagar $67 millones por difundir teorías fraudulentas vinculadas a Epstein, conocían la falsedad de las acusaciones pero las promovieron por oportunismo comercial.
Como próximos pasos, los representantes Thomas Massie (republicano) y Ro Khanna (demócrata) planean reunirse con víctimas de Epstein en septiembre para impulsar una resolución que exija la desclasificación total de archivos.
Este movimiento ocurre tras la polémica transferencia de Maxwell a una prisión de mínima seguridad después de su entrevista con fiscales, ordenada mediante citatorio de Comer.
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El caso sigue siendo una prueba crítica para la rendición de cuentas institucional, como observó el juez Deepak Gupta: “Las leyes favorecen a ricos e influyentes; son los desfavorecidos quienes más sufren”.
La entrega parcial de documentos marca solo el inicio de una batalla por la transparencia que definirá la credibilidad de las instituciones estadounidenses frente a crímenes de alto perfil.