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Dueño de Taco Loko se declara culpable de contratar inmigrantes sin documentos

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La sentencia está programada para el 28 de octubre, donde un juez federal determinará la pena final para el dueño de Taco Loko. Foto: Cortesía / Taco Loko

Blademir Angulo Audeves, propietario del restaurante de Taco Loko en Phoenix, se declaró culpable esta semana de cargos federales relacionados con la contratación de personas indocumentadas y la posesión ilegal de armas de fuego.

La sentencia está programada para el 28 de octubre, donde un juez federal determinará la pena final basándose en los cargos admitidos y los antecedentes del acusado.

El inmigrante de 42 años, originario de Perú y sin estatus legal en Estados Unidos, enfrenta hasta 15 años de prisión por el delito de posesión de armas y hasta seis meses por cada empleado indocumentado contratado, aunque su pena podría reducirse tras su declaración de culpabilidad.

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Audeves admitió haber contratado y empleado a 12 migrantes indocumentados en sus tres negocios: el restaurante El Taco Loko ubicado en la Avenida 67 y la Calle Indian School, un remolque de tacos en Laveen y un autobús de comida en Maricopa.

Según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) el acusado también organizó el ingreso ilegal de algunos de sus empleados a Estados Unidos, cobrando hasta $12,000 por persona para facilitar su cruce fronterizo.

Durante un allanamiento realizado en julio en sus propiedades, agentes federales incautaron tres armas de fuego y municiones. Audeves, al carecer de estatus migratorio legal, tenía prohibida la posesión de estos artículos bajo la ley federal de armas.

La investigación reveló que los empleados indocumentados trabajaban en condiciones irregulares y sin la documentación requerida para laborar legalmente en el país.

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El caso fue procesado por la Fiscalía del Distrito de Arizona, que destacó que los delitos de contratación de mano de obra indocumentada y tráfico de personas son prioritarios en la actual estrategia de aplicación de leyes migratorias.

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de esfuerzos federales por combatir la explotación laboral y el tráfico de personas en Arizona, estado que ha visto un aumento en operativos contra empleadores que aprovechan la vulnerabilidad de migrantes indocumentados.

Las autoridades reiteraron que investigaciones similares continúan en curso en el sector de servicios alimentarios.

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