Para comunidades como la de Rodrigo Almendarez, la frase “América First” parece traducirse en “ciudadanos de segunda clase”. SCREENSHOT: YouTube
En un incidente que ha reavivado el debate sobre el perfil racial en las acciones de inmigración, Rodrigo Almendarez, ciudadano estadounidense nacido en Canoga Park, California, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fuera de su lugar de trabajo en Simi Valley.
Los hechos ocurrieron, cuando agentes federales lo abordaron sin identificarse ni explicar las razones de su arresto.
Almendarez, de ascendencia mexicana, declaró: “Soy de piel oscura, soy mexicano, soy moreno… Me enoja. Mucho. Como dije, soy americano”. Solo tras mostrar su identificación y la intervención de un compañero de trabajo, los agentes lo liberaron.
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Videos de vigilancia muestran que la premura de los agentes fue tal que dejaron su vehículo en movimiento, resultando en daños materiales.
Este caso no es aislado. El 11 de agosto de 2025, un estudiante de 15 años con discapacidad fue detenido frente a la escuela Arleta High en Los Ángeles.
Agentes armados y encapuchados lo esposaron y apuntaron con armas hacia él, según alegaciones de su familia, que presentaron una demanda por $1 millón por “perfil racial inconstitucional”.
La madre del menor, Andreina Mejia, relató: “Vi la reacción de mi hijo y noté que estaba asustado. No sabía qué pasaba”.
El Departamento de Seguridad Nacional negó que el operativo fuera racial, afirmando que buscaban a un “inmigrante ilegal criminal”, sin embargo, los abogados de la familia insistieron en que no había resemblanza física entre el estudiante y el objetivo real, excepto “el color moreno”.
Aunque la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, ha negado el perfil racial, el propio zar de la frontera, Tom Homan, ha admitido que para las detenciones sus agentes no requiere una causa probable sino simplemente la “sospecha basada en la apariencia”.
Estos episodios se enmarcan en una política de endurecimiento de las deportaciones bajo la administración Trump. ICE recibió órdenes de aumentar las detenciones diarias a aproximadamente 3,000, un incremento del 250% respecto a 2024. Funcionarios actuales y anteriores de ICE admitieron a Reuters que las cuotas de arrestos han llevado a detenciones de personas sin antecedentes penales, residentes legales e incluso ciudadanos estadounidenses.
Un exfuncionario declaró: “Las demandas que nos impusieron eran irreales. No se hizo de manera segura” y además, agentes especializados en crímenes graves como tráfico humano fueron reasignados a tareas de inmigración rutinarias, aumentando el riesgo de errores.
El perfil racial también afecta a comunidades más allá de las redadas u en California, inquilinos inmigrantes reportan explotación laboral y desalojos ilegales, temiendo que sus renteros los denuncien a ICE.
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Investigaciones del Cato Institute refutan la narrativa oficial que vincula inmigración con criminalidad: los inmigrantes son 44% menos propensos a ser víctimas de crímenes violentos que los nacidos en el país y colaboran con la policía en 5 millones de investigaciones anuales.
La respuesta legal no se ha hecho esperar, pues además de la demanda de la familia Mejía, Almendarez planea demandar a ICE.
Estos casos exponen una tensión entre la seguridad nacional y las garantías constitucionales.
