La legisladora aseguró que Arizona enfrenta crisis de seguridad escolar tras sucesos en Maryvale High School. Foto: Cortesía /
Shawnna Bolick / Facebook
El reciente apuñalamiento mortal de Michael Montoya II, un estudiante de 16 años en Maryvale High School, ha desencadenado una urgente reevaluación de las políticas de seguridad escolar en Arizona.
El incidente derivó una disputa violenta entre estudiantes que resultó en múltiples heridas de arma blanca y la posterior muerte del joven. Testigos reportaron que el presunto agresor, Chris Daniel Aguilar de 16 años, y su hermano gemelo habían amenazado previamente al victimario tras el presunto robo de un arma.
En respuesta, la senadora estatal Shawnna Bolick extendió sus condolencias a la familia y compañeros de la víctima, y exigió acciones inmediatas para fortalecer los requisitos de reporte de seguridad escolar.
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“No podemos permitir que las escuelas se conviertan en campos de batalla”, declaró Bolick, refiriéndose a su propuesta legislativa SB 1255, que busca crear herramientas de reporte más sólidas y proporcionar a las escuelas mejor conocimiento de dónde se necesitan mejorar las medidas de seguridad.
Este llamado a la acción se produce en un contexto de esfuerzos legislativos recientes en Arizona para mejorar la seguridad escolar. La HB2022, conocida como el “Programa Salvemos a Nuestros Niños”, establece entrenamiento y certificación para empleados escolares, incluyendo la posibilidad de portar armas en campus bajo estrictos protocolos.
Simultáneamente, la HB2074, promulgada en mayo de 2025, amplía las medidas de seguridad al requerir evaluaciones quinquenales de seguridad, entrega de planos escolares a agencias de emergencia, y entrenamiento especializado para oficiales en cómo interactuar con niños con discapacidades.
A nivel nacional, la administración Trump ha emitido directivas para aumentar la transparencia en instituciones educativas, aunque estas se enfocan principalmente en admisiones universitarias más que en seguridad K-12.
Expertos señalan que la integración de tecnología, entrenamiento y infraestructura, como señales de seguridad claras en áreas críticas, es esencial para prevenir tragedias.
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El caso de Maryvale subraya la compleja intersección entre violencia juvenil, acceso a armas y responsabilidad institucional y mientras la comunidad llora la pérdida de Montoya, legisladores como Bolick insisten en que la transparencia y reportes accesibles para padres son cruciales para prevenir futuros incidentes.
El debate continúa sobre cómo equilibrar la privacidad individual con la seguridad colectiva, especialmente en un estado donde las políticas de armas en escuelas siguen siendo profundamente divisivas.
