Decenas de agentes antidrogas de Arizona han sido reubicados a Washington D. C. como parte de la iniciativa federal de combate al crimen. CORTESIA: Drug Enforcement Administration
Exige Fiscal General el retorno de agentes de la DEA convocados a Washington
Mayes confirmó que al menos 60 agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) fueron trasladados desde el estado fronterizo hacia la capital nacional, lo que calificó como “una decisión indignante que pone en peligro a todo el país”.
Arizona, identificado como el principal corredor de fentanilo hacia el país, enfrenta una crisis de sobredosis que ha requerido una presencia robusta de agentes federales.
Mayes destacó que antes de este traslado, solo existían alrededor de 350 agentes de la DEA en el estado, una cifra ya insuficiente para enfrentar el poder de los cárteles. “Arizona es el embudo de fentanilo para el resto del país. Exijo que Donald Trump nos devuelva a nuestros agentes inmediatamente”, declaró.
La fiscal también reveló que un número no especificado de agentes fue enviado a Los Ángeles, donde Trump desplegó previamente miles efectivos de la Guardia Nacional.
Te puede interesar: Trump firma orden ejecutiva para penalizar la quema de la bandera
La medida se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump que incluye despliegues militares y fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas.
Iniciado en Washington D. C. con 2,200 efectivos de la Guardia Nacional 13, el plan se expandiría a Chicago, Nueva York y Baltimore, según ha sugerido el presidente.
Críticos como el gobernador de Illinois, JB Pritzker, tachan estas acciones de “autoritarias” y “electoralmente motivadas”, especialmente cuando estadísticas oficiales muestran disminuciones en crímenes violentos en varias de estas ciudades.
Mayes denunció la falta de comunicación formal desde el Departamento de Justicia sobre el traslado de agentes y anunció el envío de una carta a la fiscal general Pam Bondi exigiendo su regreso, pero hasta ahora, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia han respondido públicamente a estas críticas.
La fiscal reiteró que los agentes deberían estar “combatiendo cárteles en lugar de persiguiendo jardineros en Washington D. C.”, en referencia a las controvertidas tácticas de inmigración de la administración.
Este conflicto refleja una tensión más profunda entre la autonomía estatal y las políticas federales, pues mientras Trump defiende sus acciones como necesarias para restaurar el orden, líderes demócratas y algunos republicanos cuestionan el uso de recursos federales en operativos que consideran violatorios del principio de separación de poderes.
