El juez consideró que el envío de la Guardia Nacional transgredió el Posse Comitatus Act de 1878, que prohíbe el empleo de militares en tareas de orden público. Foto: Cortesía / @USNorthernCmd
Un juez federal determinó este martes que el presidente Donald Trump violó la ley al desplegar tropas militares en Los Ángeles para labores de aplicación de la ley civil, una decisión que cuestiona la estrategia de seguridad del mandatario y su interpretación expansiva del poder ejecutivo.
El magistrado Charles Breyer, del Tribunal del Distrito Norte de California, emitió un fallo de 52 páginas que bloquea el uso de efectivos de la Guardia Nacional y Marines en funciones policiales, como arrestos y control de multitudes, al considerar que estas acciones transgredieron el Posse Comitatus Act de 1878, que prohíbe el empleo de militares en tareas de orden público doméstico sin autorización congressional expresa.
La resolución, que no entrará en vigor hasta el 12 de septiembre para permitir una apelación federal, surge tras una demanda interpuesta por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien acusó a la administración Trump de sobrepasar su autoridad al federalizar cerca de 4,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 Marines en junio de 2025, inicialmente para responder a protestas contra redadas migratorias.
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Breyer subrayó que, aunque existieron manifestaciones y episodios de violencia, “no hubo una rebelión, ni las agencias civiles de aplicación de la ley fueron incapaces de responder”.
El Posse Comitatus Act es una ley histórica que restringe el uso de las fuerzas armadas federales en labores de policía interna, con excepciones limitadas como la autorización congresional o la invocación del Acta de Insurrección.
No obstante, Breyer determinó que las tropas desplegadas en Los Ángeles—agrupadas en la “Fuerza de Tarea”—participaron activamente en labores prohibidas, como establecer perímetros de seguridad, bloquear tráfico, realizar controles de multitudes y apoyar redadas de inmigración.
Testimonios durante el juicio revelaron que los soldados acompañaron a agentes federales en más de 60 operaciones, incluso en acciones como la redada del Parque MacArthur, donde se utilizaron vehículos blindados y equipamiento táctico sin una amenaza inminente justificada.
La defensa federal, liderada por el Departamento de Justicia, argumentó que las tropas actuaron en “función protectora” para salvaguardar a agentes y propiedades federales, una postura que Breyer desestimó al tildarla de “lógica de Alicia en el País de las Maravillas” por su falta de límites claros.
El juez advirtió que aceptar esta interpretación permitiría al presidente desplegar efectivos militares en cualquier ciudad bajo el pretexto de “protección”, effectively creando una fuerza policial nacional bajo su control directo.
El fallo ocurre en un contexto de creciente tensión entre la Casa Blanca y gobiernos estatales.
Trump ha amenazado con replicar despliegues militares en ciudades como Chicago, Nueva York y Oakland, donde prometió “resolver rápido el problema del crimen”. Previamente, ya había enviado Guardia Nacional a Washington D.C., aprovechando un vacío legal que concede mayor autoridad federal sobre la capital.
El gobernador de California, Gavin Newsom, respondió contundentemente tras el fallo de un juez federal que declaró ilegal el despliegue de tropas de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Trump durante operativos migratorios en el sur de California.
“Hoy la corte se puso del lado de la democracia y la Constitución”, declaró Newsom, añadiendo que “ningún presidente es un rey —ni siquiera Trump— y ningún presidente puede pisotear el poder de un estado para proteger a su pueblo”.
El mandatario demócrata calificó el uso de tropas federales como “fuerza policial personal” del presidente, destacando que “es ilegal, autoritario y debe detenerse en todos los tribunales del país”.
Mientras el procurador californiano Rob Bonta enfatizó que “el poder ejecutivo no es ilimitado”.
Por su parte, la administración Trump—que ya apeló una decisión similar de Breyer en junio—insiste en que sus acciones son legalmente sólidas y necesarias para garantizar la seguridad.
Limitaciones y futuro legal
Aunque la orden judicial no exige la retirada inmediata de los 300 soldados que permanecen en Los Ángeles, restringe sus actividades a labores no policiales, como la protección de instalaciones federales.
Expertos legales como Mark Nevitt, profesor de derecho en Emory University, alertan que una apelación exitosa podría sentar un peligroso precedente: “Si el Circuito 9 avala a Trump, tendríamos un manual para usar militares en cualquier ciudad”.
El caso expone grietas en el Posse Comitatus Act, incluyendo el uso de Guardia Nacional en estatus “Título 32” (bajo control estatal pero financiación federal) o la explotación de la Guardia de D.C., siempre bajo mando presidencial.
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La disputa trasciende lo legal: refleja un debate nacional sobre los límites del poder presidencial y el papel de las fuerzas armadas en sociedad civil. Con una apelación en curso y posibles despliegues en otras ciudades, el fallo de Breyer no es el capítulo final, sino un eje en una batalla constitucional que podría redefinir la relación entre seguridad y libertades civiles en Estados Unidos.
