Entre los nuevos jueces está Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco, como nuevo presidente de la SCJN. Foto: Cortesía / @SCJN
En un evento sin precedentes en la historia de México, 878 (tres posiciones se declararon vacantes) nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación rindieron protesta el pasado lunes tras ser elegidos por voto popular, como parte de la Reforma Judicial.
La ceremonia, que se llevó a cabo en el Senado de la República y en los Congresos de los distintos estados del país, formalizó el cambio de mando y el inicio de una nueva era para la judicatura mexicana.
El acto fue el clímax de una ambiciosa reforma judicial que buscó democratizar la elección de los funcionarios judiciales. Los cargos que se renovaron incluyen 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como cientos de jueces y magistrados de los tribunales electorales y de circuito de todo el país.
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Entre las figuras que asumieron su cargo, destacó el nuevo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco.
Su elección es vista por algunos como un símbolo de la inclusión y la transformación. Durante la ceremonia, los nuevos ministros recibieron bastones de mando, un gesto con un fuerte simbolismo que busca conectar a la nueva judicatura con las tradiciones de los pueblos originarios.
Un cambio que polariza las opiniones
La reforma y la posterior toma de protesta han generado un intenso debate en el ámbito político. Los defensores del cambio sostienen que la elección popular es la única vía para erradicar el nepotismo y la corrupción que, según ellos, habían permeado el sistema.
La Secretaría de Gobernación y otros funcionarios del gobierno federal han respaldado la reforma, considerándola esencial para restaurar la confianza pública en el Poder Judicial.
Por el contrario, la oposición ha expresado su escepticismo y rechazo. Han calificado el proceso como un intento de “captura política” y acusan al nuevo gobierno de socavar la independencia de poderes y el sistema de contrapesos democráticos.
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La baja participación ciudadana en las elecciones, que no superó el 13%, también ha sido un punto de crítica, llevando a cuestionamientos sobre la legitimidad de los nuevos funcionarios.
Con la protesta de estos 878 nuevos miembros, el Poder Judicial de México ha entrado en una fase de transformación, cuyas implicaciones y resultados serán analizados por la sociedad mexicana en los próximos años.
