La operación, confirmada por Trump el 2 de septiembre, marca la primera acción militar directa hacia Venezuela por parte de EU. Foto: Cortesía / Gobierno de Venezuela
En una escalada sin precedentes de su estrategia antidrogas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un “ataque de precisión” contra una embarcación en aguas internacionales del sur del Caribe, resultando en la muerte de 11 presuntos miembros del cartel Tren de Aragua.
La operación, confirmada por Trump el 2 de septiembre, marca la primera acción militar directa desde el masivo despliegue naval estadounidense en la región y profundiza la crisis diplomática con Venezuela.
El ataque se produjo cuando la embarcación, identificada como un barco narcotraficante que había partido de Venezuela, transitaba por aguas internacionales.
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Trump justificó la acción describiendo al Tren de Aragua como “una organización terrorista extranjera que opera bajo el control de Nicolás Maduro”, responsable de “narcotráfico, trata de personas y actos de violencia en Estados Unidos y el hemisferio occidental”.
Un video difundido por el mandatario muestra un veloz bote multipropósito siendo destruido por un impacto explosivo, aunque no se observan claramente drogas o personas a bordo.
El secretario de Estado, Marco Rubio, añadió que las drogas estaban “probablemente destinadas a Trinidad o algún otro país del Caribe”.
La operación ocurre en el marco de una sustancial acumulación de fuerzas navales estadounidenses en la región, que incluye siete buques de guerra, entre ellos los USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, un submarino nuclear de ataque rápido y más de 4,500 marines y marineros.
Estos recursos, equipados con misiles Tomahawk y capacidades de inteligencia aérea mediante aviones espía P-8, fueron desplegados explícitamente para combatir carteles de drogas.
El gobierno venezolano no respondió inmediatamente al ataque, pero previamente había acusado a Estados Unidos de buscar un “cambio de régimen mediante amenazas militares”.
Nicolás Maduro, en declaraciones días previos, afirmó que Venezuela está en “máxima preparación” y prometió declarar una “república en armas” si ocurre una agresión abierta.
Como medida de presión adicional, Estados Unidos duplicó en agosto la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de narcotráfico.
El ataque representa un giro significativo en la política antidrogas de Estados Unidos, optando por la destrucción de embarcaciones en lugar de su interceptación y arresto de tripulantes, una táctica reminiscente de operaciones contra grupos terroristas como Al Qaeda.
Expertos legales cuestionan la base jurídica de estas acciones, aunque la administración Trump insiste en que los carteles designados como terroristas son objetivos legítimos.
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La falta de transparencia sobre la evidencia específica que vinculaba la embarcación con el Tren de Aragua añade capas de controversia.
Este incidente establece un precedente alarmante para el uso de fuerza militar en la guerra contra las drogas, con potenciales repercusiones en la estabilidad regional y el derecho internacional.
La retórica belicista de ambos gobiernos, con Maduro movilizando milicias ciudadanas y Trump advirtiendo que “habrá más donde eso vino”, sugiere que la escalada podría intensificarse, tornando el Caribe en un nuevo foco de confrontación global.
