La propuesta, respaldada por agencias policiales y funcionarios electos, busca garantizar la presencia de oficiales armados en escuelas .FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
El Superintendente de Instrucción Pública de Arizona, Tom Horne, presentó una solicitud de $180 millones para el presupuesto estatal con el fin de sostener y expandir el Programa de Seguridad Escolar, cuyos fondos actuales de $128 millones (más $20 millones federales) expiran en 2026.
La propuesta, respaldada por agencias policiales y funcionarios electos, busca garantizar la presencia de oficiales armados en planteles educativos y ampliar su cobertura estatal .
Horne enfatizó la urgencia de la medida tras “trágicos eventos escolares recientes a nivel nacional”, destacando un incidente en Tucson donde un oficial evitó un ataque gracias al programa, e valor de los oficiales en campus es “incuestionable”, afirmó, subrayando que cada padre debería desear su presencia en las escuelas.
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La solicitud se alinea con leyes estatales como A.R.S. § 15-341(A)(31), que exige planes de operaciones de emergencia en escuelas públicas y charter, incluyendo simulacros regulares y capacitación anual.
El Sheriff del Condado de Maricopa, Jerry Sheridan, respaldó la iniciativa: “No hay mayor responsabilidad social que proteger a los niños”.
Actualmente, decenas de alguaciles de MCSO participan en el programa, y fondos adicionales permitirían expandir servicios.
Shelli Boggs, Superintendente de Escuelas del Condado de Maricopa, añadió que esto garantizaría “paz mental a cada estudiante” . El programa incluye capacitación en respuesta a tiradores activos, similar al entrenamiento realizado en Alabama por la Asociación Nacional de Oficiales Tácticos.
El condado de Maricopa ya prioriza la seguridad pública, con el 49.5% de su presupuesto FY 2026 destinado a este rubro, incluyendo bonos de retención para oficiales y despachadores.
Además, programas como la Academia Comunitaria de MCSO ofrecen capacitación gratuita en español e inglés sobre investigaciones criminales y leyes de arresto .
La solicitud de Horne complementaría estos esfuerzos, tomando en cuenta necesidades críticas en un estado donde la seguridad escolar es mandato legal .
La propuesta será considerada en la próxima sesión legislativa estatal.
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Si se aprueba, los $32 millones adicionales permitirían contratar y capacitar más oficiales, reforzando protocolos como los requeridos por la Ley Mitch Warnock (A.R.S. § 15-120), que exige entrenamiento en prevención de suicidios para personal educativo.
Este enfoque holístico se alinea con tendencias nacionales donde estados como Florida y Colorado combinan financiamiento estatal y federal para seguridad escolar.
La iniciativa refleja un compromiso multisectorial con la protección infantil, integrando recursos locales y estatales para crear entornos educativos seguros. En un contexto nacional donde la violencia escolar persiste, Arizona busca posicionarse como modelo de prevención proactiva a través de la inversión estratégica y colaboración institucional.
