Las exportaciones de soya a China, que representan un pilar fundamental para agricultores de estados como Dakota del Norte. Foto: Cortesía / Freepik
La política arancelaria del presidente Donald Trump ha sumido al sector agrícola estadounidense en una crisis de incertidumbre y estrés financiero, con repercusiones que amenazan la estabilidad económica de las zonas rurales.
A pesar del apoyo inicial de algunos agricultores a las medidas proteccionistas, la realidad de las pérdidas comerciales y la volatilidad del mercado han erosionado la confianza en las estrategias del gobierno.
Las exportaciones de soya a China, que representan un pilar fundamental para estados como Dakota del Norte, se han desplomado desde la imposición de aranceles en 2018, y la tendencia se ha agravado en 2025 con la paralización total de las compras chinas.
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La confianza de los agricultores alcanzó su nivel más bajo en agosto de 2025, según el Barómetro de Economía Agrícola de Purdue/CME Group, con un 22% de los productores anticipando que necesitarán incrementar su endeudamiento para la campaña de 2026 debido a la incapacidad de saldar deudas operativas.
Los precios de los cultivos se sitúan por debajo de los niveles de sostenibilidad: el maíz y la soja se cotizan a valores insuficientes para cubrir los costes de producción.
Esta presión financiera se ve exacerbada por el aumento de los costes de insumos y las tasas de interés, creando una tormenta perfecta que recuerda a la crisis agrícola de la década de 1980.
Aunque un sector de agricultores, como Pepper Roberts de Misisipi, apoya los aranceles como una estrategia a largo plazo para forzar mejores acuerdos comerciales, la mayoría enfrenta pérdidas inmediatas.
Roberts declaró: “A largo plazo, será lo mejor que haya pasado jamás”, reflejando la esperanza de que China negocie compras garantizadas.
No obstante, esta postura contrasta con la advertencia de economistas como Joe Janzen, de la Universidad de Illinois, quien señaló que Brasil podría convertirse en el principal suplidor de China al transformar millones de acres de pastizales en cultivos sin deforestar, desplazando definitivamente a Estados Unidos del mercado chino.
La incertidumbre regulatoria y las fluctuaciones arancelarias han dificultado la planificación agrícola. Josh Messick, productor de Maryland, expresó su preocupación: “No sabes realmente si conviene contratar maíz ahora o esperar hasta el otoño. Tengo que confiar en que Trump nos respaldará”.
Esta ambigüedad se ve agravada por la falta de asistencia gubernamental concreta.
Si bien Trump prometió apoyo en su discurso inaugural, hasta la fecha no se han anunciado programas de ayuda financiera para compensar las pérdidas.
Las deportaciones masivas de trabajadores inmigrantes, impulsadas por la administración Trump, han exacerbado la crisis.
El sector agrícola perdió un porcentaje significativo de su fuerza laboral entre marzo y julio de 2025, lo que ha causado disrupción en las cadenas productivas y elevado los precios de los alimentos. Los precios de verduras frescas y carne han aumentado considerablemente, afectando tanto a productores como a consumidores.
En este escenario, la resiliencia de los agricultores está siendo puesta a prueba.
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Sin una resolución clara de la guerra comercial y sin mecanismos de protección efectivos, el futuro de la agricultura estadounidense permanece en peligro.
La advertencia de economistas resume la situación: “Si las deportaciones continúan o empeoran, esperamos daño económico en la forma de crecimiento de desempleo, declive de formación de negocios, incremento en negocios fallidos, y precios de servicios en general”.
