En su columna, Salvador Reza recuerda cómo inició la lucha contra el sheriff Joe Arpaio y cómo continúa el caso Meléndres ahora con Jerry Sheridan. Foto: Cortesía /
En octubre del 2007 empezamos nuestra lucha contra el Sheriff Joe Arpaio en la mueblería Pruitts con un boicot permanente y protestas semanales y para el día de navidad no quedaba ningún alguacil en el estacionamiento de la mueblería Pruitts.
El mensaje era claro: “Mientras tengas al Joe Arpaio en tu estacionamiento nuestra comunidad no te va a comprar muebles”.
Finalmente, este año la mueblería Pruitts cerró, pues nunca se recuperó del daño que causó al negocio aliándose con racistas.
Las secuelas de Joe Arpaio siguen ahora con la elección de Jerry Sheridan como Sheriff.
Sheridan fue el segundo al mando y un rábido anti-migrante, sin embargo, nuestra comunidad no se quedará callada como corderito al matadero.
Pero Sheridan es más astuto que Arpaio, pues a éste le encantaba la publicidad y cuando veía cámaras corría a que lo entrevistaran.
Sheridan sin embargo, se mueve detrás de las sombras y deja que otros ataquen al juez, al monitor, a miembros del consejo de la comunidad nombrados por la ACLU (American Civil Liberties Union).
Aprovechando la técnica de divide y vencerás nombró a Félix García y a Michael Nowakoski a llenar las vacantes aconsejado por el ex agente de ICE Rudy Bustamante que ahora encabeza el departamento de enlace con la comunidad de los alguaciles.
En la última reunión con el monitor y la clase afectada por el perfil racial, logró que tres miembros de la mesa de supervisores del condado Maricopa, incluyendo al jefe de la mesa de supervisores, cuestionaran al monitor alegando que estaba utilizando el dinero de los contribuyentes para enriquecerse.
Como consecuencia ahora el Juez Snow está considerando mover las reuniones de la comunidad a la corte federal para prevenir que hombres armados entren a intimidar a los participantes como paso en la última reunión.
Si el juez decide eso, Jerry Sheridan logro parte de su objetivo, primero, politizar la decisión del juez intentando presionarlo para que se retire del caso y segundo, limitar la participación de la comunidad afectada.
Solo que se decida lo contrario en este momento toda persona que entra en la corte federal necesita enseñar identificación y si alguien no tiene un pasaporte o una identificación valida de Arizona o Estados Unidos no se le permite entrar; además, con las recientes acciones de ICE en las cortes de inmigración donde esperan afuera para secuestrar a la gente el factor del miedo minimizara la participación.
Las movidas de ajedrez por parte del Sheriff ya se dejan ver con Michael Nowakoski enviándole una carta directa al juez con aprobación de los abogados de Sheridan con sugerencias de como correr las reuniones.
Aun siendo parte del consejo de la comunidad, Michael no se dignó consultar con el resto de los participantes sobre el contenido de la carta. Claro se puede ver que Nowakoski está allí para defender los intereses de MCSO y el Sheriff Sheridan y no los intereses de la comunidad.
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El juez, el Sheriff, ACLU, El Consejo Comunitario nombrado en la orden del juez, todos quisieran tener la confianza de una agencia de la ley con un pasado turbio, pero todos sabemos que mientras el Sheriff tenga a los agentes de ICE en la cárcel de la Cuarta Avenida eso nunca va a suceder.
Sin embargo, los abogados de Sheridan no quieren que se les permita a los participantes mencionar esa gran contradicción, pues por un lado, dicen que cumplen con la orden del juez al no transportar prisioneros a las oficinas de ICE pero por otro lado los tienen en casa.
