La investigación contra James Comey se centra en su testimonio ante el Comité Judicial del Senado el 30 de septiembre de 2020. Foto: Cortesía / Facebook James Comey
La imputación del exdirector del FBI James Comey por cargos de obstrucción a la justicia y declaraciones falsas ha generado una intensa controversia sobre la independencia del Departamento de Justicia bajo la administración del presidente Donald Trump. El procesamiento, confirmado este jueves por un gran jurado federal en Alexandria, Virginia, se produce días después de que Trump presionara públicamente a la fiscal general Pam Bondi para que actuara contra sus adversarios políticos.
La investigación contra Comey se centra en su testimonio ante el Comité Judicial del Senado el 30 de septiembre de 2020, relacionado con la investigación sobre los vínculos entre la campaña presidencial de Trump en 2016 y Rusia. Los fiscales presentaron cargos justo antes de que expirara el plazo de prescripción de cinco años. Bondi defendió la acción legal en una publicación en redes sociales, afirmando que “nadie está por encima de la ley” y que el procesamiento refleja el compromiso del Departamento de Justicia de “responsabilizar a aquellos que abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense”.
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Sin embargo, este caso ha desatado alarmas sobre la instrumentalización política de la justicia. La imputación fue impulsada por Lindsey Halligan, nueva fiscal federal interina del Distrito Este de Virginia, nombrada por Trump después de que su predecesor, Erik Siebert, renunciara ante la presión de la administración para presentar cargos contra otros objetivos de Trump. Halligan, quien anteriormente fue abogada personal de Trump en el caso de documentos clasificados, carece de experiencia como fiscal federal y recibió el encargo después de que Trump se quejara en redes sociales de la lentitud de las acciones. Según informes, fiscales profesionales de la oficina de Halligan habían redactado un memorándum detallando sus reservas sobre buscar la imputación, argumentando que no existía causa probable.
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Expertos legales han expresado preocupación por las consecuencias de esta actuación. Bruce Green, profesor de ética en la Facultad de Derecho de Fordham, señaló que la presión pública de Trump le da a la defensa de Comey un argumento sólido para alegar “procesamiento selectivo” por motivos políticos, lo que podría socavar el caso en los tribunales. Stephen Gillers, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, añadió que las declaraciones de Trump sobre la culpabilidad de Comey hacen casi imposible garantizar un juicio justo, ya que “es el presidente de los Estados Unidos diciéndole al tribunal y a un eventual jurado que las personas en juicio ante ellos son culpables”.
La situación coloca a la fiscal general Bondi en una posición difícil. Si accede a las demandas del presidente, arriesga la percepción de que el Departamento de Justicia se ha convertido en un arma política. Si se resiste, enfrenta la posibilidad de ser despedida. Esta imputación marca un punto de inflexión en la larga batalla de Trump contra Comey, a quien despidió en 2017 y a quien considera el villano de la investigación sobre la interferencia rusa que ensombreció su primera campaña presidencial. El caso promete avivar el debate sobre los límites entre la justicia y la venganza política en los Estados Unidos.
