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La administración de Donald Trump ha dado un paso polémico en su política migratoria: abogados de la Guardia Nacional y de la Reserva del Ejército serán designados como jueces de inmigración temporales, luego de que decenas de jueces con experiencia fueran despedidos. La medida ha despertado preocupación entre expertos legales y defensores de inmigrantes, quienes advierten que podría afectar tanto al sistema judicial de inmigración como a la justicia militar.
Un plan para duplicar el número de jueces
Estados Unidos desplegará abogados militares como jueces de migración
— NX Noticias (@NXNoticias) September 3, 2025
El secretario de Defensa de Estados Unidos, @PeteHegseth, autorizó que más de 600 abogados militares presten servicio temporal en el Departamento de Justicia como jueces de migración, según un documento… pic.twitter.com/VcegPZ31mI
De acuerdo con distintos medios, el primer grupo de abogados militares iniciará su capacitación este lunes, mientras que un segundo grupo lo hará en primavera. Se estima que unos 100 abogados de la Reserva del Ejército participarán inicialmente, con 50 de ellos listos para asumir casos después de casi seis meses de entrenamiento.
El objetivo de la Casa Blanca es más ambicioso: sumar hasta 600 abogados militares para tomar decisiones sobre qué inmigrantes pueden permanecer en el país. Esto ocurrirá en un contexto de tribunales migratorios colapsados, con 3.4 millones de casos pendientes, el doble de los registrados hace apenas cuatro años.
Preocupación por la falta de experiencia
🇺🇸🚨El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado a 600 jueces y abogados militares que llenen las vacantes de jueces de migración.
— Noticias EstrellaTV (@NEstrellaTv) September 4, 2025
Con ello, los elegidos atenderán el retraso de más de 3,5 millones de casos, hecho que puede constituir un peligro para los enjuiciados. pic.twitter.com/eQOEI8V1I9
Los jueces de inmigración deciden asuntos críticos como solicitudes de asilo, tarjetas de residencia y órdenes de deportación. Sin embargo, especialistas temen que los nuevos jueces militares carezcan del entrenamiento y la experiencia necesarias para manejar procesos tan delicados.
“Están dejando ir a muchos jueces con experiencia, sin previo aviso, y al mismo tiempo alegan que existe una escasez. Por eso ahora recurren a oficiales JAG (jueces militares) para que asuman estos cargos”, denunció Margaret Stock, teniente coronel retirada del Ejército y abogada de inmigración.
Un ejército al servicio de la política migratoria
El Gobierno de Trump recurre a la Reserva del Ejército y a la Guardia Nacional para jueces de inmigración temporales.https://t.co/PpCMcg1nyn
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) October 3, 2025
Esta decisión se suma a otras acciones de Trump en su endurecimiento de la política migratoria:
- Soldados desplegados en la frontera con México.
- Guardia Nacional enviada a ciudades para apoyar redadas de inmigración.
- Bases militares utilizadas para alojar migrantes en espera de deportación.
- Aviones militares empleados para traslados forzados.
El Departamento de Defensa señaló que estos puestos serán ocupados por voluntarios, e incluso se lanzó un llamado a miembros en servicio activo y de la Guardia Nacional con experiencia en derecho administrativo, inmigración o en funciones de jueces militares.
Contexto político y legal
MIGRACIÓN MILITARIZADA
— Notimigrar (@Notimigrar77906) September 8, 2025
El Pentágono autoriza unos 600 abogados militares para servir como jueces de inmigración temporales en EEUU pic.twitter.com/NHBMWnbCBU
El Congreso ha autorizado $170 mil millones para reforzar la aplicación de leyes migratorias, incluyendo la contratación de 10,000 empleados de ICE. Sin embargo, la ley limita a 800 el número de jueces de inmigración permanentes, lo que explica, en parte, la estrategia de Trump para recurrir a personal militar temporal.
Los críticos aseguran que esta medida podría politizar aún más las cortes migratorias y poner en riesgo la imparcialidad de los procesos, en un momento donde la administración continúa con un fuerte aumento en arrestos y deportaciones.
