El Estado de Illinois y la ciudad de Chicago desafían a la administración Trump en política migratoria. Foto: Cortesía / JB Pritzke
Una intensa disputa política y legal entre el gobierno de Illinois y la administración del presidente Donald Trump alcanzó un nuevo punto crítico esta semana, con acusaciones de autoritarismo, desobediencia y una batalla por el despliegue de la Guardia Nacional que ha llevado al mandatario a exigir que el gobernador JB Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, “deberían estar en la cárcel” por no proteger a los agentes federales de inmigración.
La crisis se desató en medio de crecientes enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en las últimas semanas, particularmente en las afueras del centro de procesamiento de ICE en Broadview, un suburbio de Chicago.
Estos incidentes llevaron a la alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, a emitir una orden que limita las protestas a un horario específico, de nueve de la mañana a seis de la tarde, citando “preocupaciones de seguridad pública” y “enormes alteraciones en la calidad de vida” para los residentes.
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La tensión escaló aún más durante el fin de semana cuando, según informes, agentes de la Patrulla Fronteriza que realizaban una patrulla de rutina en el South Side de Chicago fueron rodeados y embestidos por vehículos, un incidente que según el Departamento de Seguridad Nacional dejó a los agentes atrapados y bajo amenaza.
Como respuesta directa a las operaciones federales, el alcalde Brandon Johnson firmó el lunes una orden ejecutiva que establece “Zonas Libres de ICE” en Chicago.
Esta medida prohíbe el uso de cualquier propiedad de la ciudad, como estacionamientos y lotes vacíos, como áreas de preparación, bases de operaciones o lugares de procesamiento para las redadas de inmigración.
“No toleraremos que los agentes de ICE violen los derechos constitucionales de nuestros residentes ni permitiremos que el gobierno federal ignore nuestra autoridad local”, declaró Johnson, acusando a los agentes federales de emplear gas lacrimógeno contra manifestantes, niños y oficiales de policía de Chicago.
La orden también invita a empresas privadas a unirse a la iniciativa, proporcionándoles letreros gratuitos.
Paralelamente, el estado de Illinois y la ciudad de Chicago presentaron una demanda para bloquear el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad, una medida que el gobernador Pritzker calificó como una “invasión inconstitucional de Illinois por parte del gobierno federal”.
Pritzker acusó a la administración Trump de seguir un “plan premeditado” para “causar caos, crear miedo y confusión” con el fin de justificar la militarización. La Casa Blanca defendió sus acciones como necesarias para “proteger a los oficiales federales y los activos” en medio de lo que describió como una creciente ilegalidad, y calificó la orden de Zonas Libres de ICE de Johnson como una “repugnante traición” y una política “enferma” que protege a delincuentes.
El contexto de esta confrontación incluye la “Operación Midway Blitz”, una iniciativa de aplicación de inmigración a gran escala lanzada en septiembre que ha resultado en aproximadamente novecientos arrestos en el área de Chicago.
Sin embargo, las justificaciones de la administración Trump sobre una ola de caos en Chicago se ven contradichas por las estadísticas oficiales más recientes.
Datos del Departamento de Policía de Chicago muestran que, en la primera mitad de 2025, la ciudad ha experimentado reducciones históricas en la delincuencia violenta, con homicidios un treinta y tres por ciento más bajos y tiroteos un treinta y ocho por ciento más bajos en comparación con el mismo período del año anterior.
Un informe independiente del Consejo de Justicia Criminal corrobora esta tendencia, señalando que la tasa general de criminalidad en Chicago en junio de 2025 era un doce por ciento más baja que en junio de 2018.
El conflicto llegó a un punto álgido el miércoles cuando el presidente Trump, a través de su plataforma Truth Social, exigió que Johnson y Pritzker fueran encarcelados. El gobernador Pritzker respondió de manera desafiante en la red X: “No voy a retroceder.
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Trump ahora pide el arresto de representantes electos que frenan su poder. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo absoluto?”. Por su parte, el alcalde Johnson, haciendo alusión a su raza, declaró: “Esta no es la primera vez que Trump intenta que un hombre negro sea arrestado injustamente. No me voy a ir a ninguna parte”.
Este intercambio, que incluye una demanda judicial pendiente y una orden ejecutiva local que desafía abiertamente la autoridad federal, perfila una batalla fundamental sobre los límites del poder federal, los derechos de los estados y las ciudades, y el carácter de la aplicación de la ley en Estados Unidos.
