Los detalles específicos del cargo contra Letitia James no fueron inmediatamente claros, pero el Departamento de Justicia había estado investigando a la fiscal demócrata por una presunta falsificación en solicitudes de crédito hipotecario; Donald Trump la había acusado de perseguirlo como parte de su campaña de reelección en 2022. CORTESIA: Letitita James
Se agrava la crisis constitucional con la justicia bajo la sombra de la presión política
Una profunda crisis institucional sacude a Estados Unidos tras la imputación de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por un presunto delito de fraude bancario, un movimiento que se produce dos semanas después de que el exdirector del FBI James Comey enfrentara cargos similares y en medio de acusaciones de que el Departamento de Justicia está siendo utilizado para satisfacer las demandas de un presidente vengativo.
La medida, confirmada por una persona familiarizada con el caso, marca un punto de inflexión en la creciente tensión entre el poder político y la independencia judicial en el país .
El proceso contra James fue llevado personalmente ante el gran jurado federal de Virginia por la fiscal federal interina Lindsey Halligan, quien fue designada para el cargo después de que el presidente Donald Trump reorganizara la oficina del fiscal federal en el Distrito Este de Virginia.
Halligan, anteriormente abogada personal de Trump y sin experiencia previa como fiscal hasta su nombramiento a fines de septiembre, también impulsó el caso en contra de Comey después de que fiscales profesionales de la oficina se resistieran a imputarlo.
Los detalles específicos del cargo contra James no fueron inmediatamente claros, pero el Departamento de Justicia había estado investigando a la fiscal demócrata por una presunta falsificación en solicitudes de crédito hipotecario.
Este desarrollo se produce en el contexto de una presión pública sostenida por parte de Trump hacia la fiscal general Pam Bondi.
En una publicación reciente en su red social Truth Social, el presidente expresó su frustración por la lentitud en los procesos contra sus adversarios políticos: “No puedo esperar más. Nuestra reputación y credibilidad se están desvaneciendo”.
En el mismo mensaje, Trump se refirió específicamente a Comey, James y el senador Adam Schiff, afirmando que “todos son completamente culpables. Y, aun así, no se hace nada”.
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Poco después de esta publicación, el mandatario volvió a escribir elogiando a Bondi como “una fiscal general histórica” .
La situación llegó a un punto crítico durante la comparecencia de Bondi esta semana ante el Comité Judicial del Senado, donde legisladores demócratas la confrontaron sobre si había cedido a las presiones de la Casa Blanca.
La fiscal general negó haber recibido órdenes directas de Trump y, en un giro discursivo, acusó a la administración anterior de Biden de “utilizar el Departamento de Justicia como arma” y practicar una “justicia selectiva” .
“Bajo mi dirección, el Departamento de Justicia no se ha convertido en un instrumento de venganza política”, declaró Bondi ante los senadores, defendiendo su gestión y argumentando que su labor se centraba en “restaurar la confianza del público” en la institución .
El senador Dick Durbin, líder demócrata del comité, cuestionó duramente esta postura durante su intervención inicial.
“El presidente Biden nunca le indicó a su fiscal general que acusara a un rival político. Lo que ha ocurrido desde el 20 de enero de 2025 es algo que hasta Richard Nixon habría rechazado”.
Durbin añadió que, bajo el liderazgo de Bondi, el Departamento de Justicia se ha convertido en “un escudo para el presidente y sus aliados políticos cuando incurren en fechorías” .
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La controvertida fiscal interina Halligan, figura central en estos procesos, había asumido el cargo después de que Trump despidiera al fiscal federal anterior, Eric Seibert, quien según el New York Times no había encontrado evidencia suficiente para imputar a James por el caso de fraude hipotecario.
La llegada de Halligan, directamente desde el bufete privado de Trump y sin experiencia previa en el ministerio público, ha sido señalada por expertos legales como un ejemplo de la erosión de los estándares de independencia en la procuración de justicia.
Mientras la polarización política se intensifica, este enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y judicial amenaza con alterar permanentemente el equilibrio institucional que por décadas ha caracterizado a la democracia estadounidense. Para muchos observadores, los recientes eventos confirman los temores de que el gobierno de Trump está dispuesto a traspasar límites que sus predecesores de ambos partidos habían respetado, planteando interrogantes fundamentales sobre el futuro del estado de derecho en el país.
