El fallo del juez Michael Valenzuela, señala que no existe una “controversia presente, existente y real” respecto a la Ley 314. Foto: Cortesía / Archivo
En una decisión que mantiene en suspenso el debate legal sobre una controvertida ley de inmigración, un juez de la Corte Superior del Condado de Maricopa desestimó una demanda que buscaba bloquear la denominada “Ley para Asegurar la Frontera”, al considerar que la impugnación fue presentada prematuramente.
El fallo del juez Michael Valenzuela, señala que no existe una “controversia presente, existente y real” porque la ley no se ha aplicado y podría nunca llegar a hacerlo.
La ley en cuestión, la Proposición 314, fue aprobada por el 63% de los votantes en 2024, fue una prioridad para la mayoría legislativa republicana, establece una serie de nuevos delitos penales, incluyendo la tipificación como delito menor el cruce de la frontera entre Arizona y México por cualquier lugar que no sea un puesto de entrada oficial.
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Los infractores por primera vez podrían enfrentar hasta seis meses de cárcel.
Otras disposiciones contemplan la comisión de un delito grave al presentar documentos falsos para solicitar empleos o beneficios públicos y imponen duras penas de prisión para quienes sean condenados por vender fentanilo a sabiendas de que causa la muerte de otra persona.
Las partes de la ley que permitirían a Arizona asumir funciones de aplicación de la ley de inmigración federal aún no han entrado en vigor y esto se debe a una cláusula de activación que hace que su aplicación dependa de que una ley similar en Texas, conocida como SB4, sea implementada primero.
Dicha ley texana permanece paralizada por orden de un tribunal federal de apelaciones, aunque el litigio continúa.
La demanda fue presentada en abril por Viviendo Unidos por el Cambio en Arizona (LUCHA, por sus siglas en inglés) y el Centro de Empoderamiento de Arizona (ACE), organizaciones que defienden legislación progresista y se oponen con frecuencia a propuestas antiinmigrantes.
Estos grupos argumentaban que la ley viola la “Regla de la Fuente de Ingresos”, una disposición de la constitución estatal que exige a las iniciativas electorales identificar una fuente de financiación dedicada si es probable que le cuesten dinero al estado.
Críticos de la ley advirtieron durante los debates legislativos que arrestar, encarcelar y transportar a migrantes tendría un costo significativo.
El Departamento de Correcciones de Arizona estimó un aumento de costos de hasta 178 millones de dólares, mientras que un grupo de expertos no partidista proyectó que el estado podría terminar pagando 325 millones de dólares anuales si se implementan las disposiciones.
En su resolución de 10 páginas, el juez Valenzuela concluyó que los problemas planteados por LUCHA y ACE no eran oportunos y no merecían una revisión judicial, ya que la ley de Texas sigue congelada.
El juez también rechazó el argumento de que el uso requerido de la base de datos federal Verificación Sistemática de Extranjeros Para Obtener Derechos (SAVE) por parte de las agencias estatales y locales constituye una violación de la Regla de la Fuente de Ingresos.
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Jim Barton, abogado de los grupos progresistas, informó que espera presentar una apelación dentro del plazo de 30 días, pues sostiene que la conclusión del juez sobre la Regla de la Fuente de Ingresos es errónea.
“Se aprobó una ley. Esa ley está en vigor. Y esa ley requiere gastos”, afirmó.
Barton argumentó que el hecho de que la administración actual haya eximido de las tarifas al programa SAVE por ahora no niega que la ley de 2024 mande gastos, y señaló que la exención podría ser temporal.
