La Fiscal General Kris Mayes interpone recurso por bloqueo a juramentación de Adelita Grijalva, electa desde finales de septiembre. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, interpuso una demanda federal contra la Cámara de Representantes para forzar a su presidente, Mike Johnson, a juramentar a la congresista electa Adelita Grijalva, un enfrentamiento legal que ha sumido a más de 800,000 arizonenses en una crisis de representación sin precedentes.
Grijalva, quien ganó abrumadoramente una elección especial el pasado 23 de septiembre para suceder a su difunto padre, el representante Raúl Grijalva, lleva un mes esperando para asumir su cargo legítimo.
La demanda, presentada en un tribunal de Washington D.C., argumenta que este retraso es una violación constitucional que priva de voz a los residentes del distrito y configura una situación de “impuestos sin representación” .
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“El presidente Mike Johnson está privando activamente al pueblo de Arizona de uno de sus escaños en el Congreso y despojando de sus derechos a los votantes del séptimo distrito congresional de Arizona en el proceso”, declaró la Fiscal General Mayes en una contundente acusación.
Por su parte, la congresista electa Adelita Grijalva calificó la obstrucción como una “infracción ilegal de nuestra Constitución y el proceso democrático”, mientras describe la realidad surrealista de ser una representante que no puede representar .
Este bloqueo impide que su oficina distrital brinde servicios constituyentes críticos, incluyendo ayuda con agencias federales y casos de veteranos, dejando a la población local sin asistencia esencial; argumentó además que cada semana de cierre gubernamental cuesta a los arizonenses alrededor de 300 millones de dólares.
El portavoz Johnson justifica la demora citando el cierre del gobierno federal, afirmando que Grijalva será juramentada cuando la Cámara reconvoque; tachó la demanda de “patentemente absurda” y afirmó que Mayes “no tiene jurisdicción” sobre el funcionamiento de la Cámara.
No obstante, los demócratas alegan que la motivación real es profundamente política, ya que Grijalva se ha comprometido a firmar una petición de descargo que forzaría un voto para hacer públicos todos los archivos del Departamento de Justicia relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein.
La firma de Grijalva representaría el voto decisivo 218 para que la petición prospere, un movimiento que Johnson ha negado influye en su decisión, aunque las evidencias sugieren lo contrario .
La controversia se intensifica por la acusación de que Johnson ha mantenido a los congresistas republicanos en un receso, efectivamente de vacaciones, en lugar de convocar una sesión pro forma para resolver la juramentación.
Esta situación contrasta marcadamente con el trato dado a republicanos electos en elecciones especiales, quienes fueron juramentados por Johnson en menos de 24 horas mediante sesiones pro forma, una discrepancia que alimenta la acusación de que los votantes de Arizona están siendo tratados como “ciudadanos de segunda clase”.
La congresista electa Grijalva subrayó que “los votantes del sur de Arizona hicieron su elección, sin embargo durante cuatro semanas, Johnson se ha negado a sentar a un miembro debidamente electo del Congreso”.
Este conflicto se desarrolla en el complejo panorama político de Arizona, un estado considerado de batalla campal donde los demócratas controlan las oficinas estatales principales mientras los republicanos mantienen mayorías legislativas.
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La demanda busca que un juez autorice a otro funcionario a administrar el juramento si Johnson persiste en su negativa, un recurso legal extraordinario para restaurar la voz constitucional de un distrito completo.
El desenlace de este enfrentamiento determinará no solo el futuro político de Grijalva, sino que establecerá un precedente crucial sobre los límites del poder y la integridad del proceso democrático mismo, en una nación donde la representación popular no debería estar sujeta a tácticas dilatorias.
