La fiscal general Kris Mayes, criticó el intento “cruel y caótico” de la administración Trump por deshacer su orientación previa “sigue confundiendo y dañando a las familias”. CORTESIA: Arizona Attorney General’s Office / Facebook
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, logró una victoria legal crucial al obtener una orden de restricción temporal que bloquea los esfuerzos de la administración Trump para recuperar los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y castigar a los estados que los distribuyeran.
La medida se produce tras una directiva nocturna del Departamento de Agricultura (USDA) que, en una carta del sábado por la noche, ordenaba a los estados “deshacer inmediatamente” la liberación de la ayuda alimentaria completa para noviembre y amenazaba con considerar “no autorizado” su desembolso.
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“Al procesar los beneficios completos de SNAP para noviembre, Arizona estaba siguiendo la propia guía del USDA, así como una orden judicial”, declaró la fiscal general Mayes, añadiendo que el intento “cruel y caótico” de la administración Trump por deshacer su orientación previa “sigue confundiendo y dañando a las familias”.
Esta batalla legal es un ejemplo de cómo los demócratas, que actualmente controlan 23 gubernaturas, están utilizando el poder estatal para oponerse a la agenda del presidente Trump y proteger programas sociales, posicionándose como una resistencia efectiva desde los estados.
La crisis se desató cuando el USDA, tras ser ordenado por una corte federal el 7 de noviembre para que pusiera los fondos completos a disposición de los estados, guió a estos para que procedieran con los pagos; no obstante, solo un día después, y tras presentar una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, la agencia federal exigió abruptamente a los estados que revirtieran las gestiones ya realizadas.
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La coalición multitudinaria de fiscales generales y gobernadores argumenta en su moción que el USDA ha vuelto a colocar una carga imposible sobre los estados, quienes actuaron de buena fe siguiendo directrices y órdenes judiciales previas.
La orden judicial de la jueza Talwani representa así un freno a la controvertida reversión federal y una medida de alivio para las más de 800,000 personas en Arizona que dependen de este programa; una lucha que refleja las profundas divisiones partidistas en la gobernanza de los programas de ayuda social.
“Seguiremos luchando en los tribunales para garantizar que los arizonenses tengan acceso a los alimentos”, afirmó la fiscal Mayes, cuyo liderazgo en esta demanda conjunta consolida el papel de los estados como un dique frente a las políticas federales que consideran perjudiciales para sus ciudadanos.
