El ex legislador republicano Austin Cole Smith, se declaró culpable de falsificar firmas en busca de su reelección. CORTESIA: Arizona Attorney General’s Office
La fiscal general Kris Mayes anunció que Austin Cole Smith, de 30 años de Buckeye, se declaró culpable en la Corte Superior del Condado de Maricopa como parte de un acuerdo que resolvió el caso penal.
Smith, quien se desempeñó como representante estatal de Arizona por el Distrito 29 desde 2023 hasta 2025, fue acusado por el Gran Jurado Estatal en junio de 2025 y enfrentó catorce cargos criminales, incluyendo cuatro delitos graves.
Los cargos estaban relacionados con peticiones de nominación de candidatos falsificadas para su campaña de reelección en 2024 cuando Smith presentó estas peticiones ante la Secretaría de Estado de Arizona en marzo de 2024.
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En varias peticiones, Smith firmó la parte posterior, indicando que él las había circulado personalmente, sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que muchas firmas eran falsas, lo que constituye un delito grave.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Smith admitió haber firmado el nombre de una mujer fallecida en una de sus peticiones de nominación en marzo de 2024 y este acto fue confirmado durante el proceso legal.
Además, Smith admitió que intentó engañar a la Oficina del Secretario de Estado al presentar peticiones con firmas falsificadas de supuestos partidarios y esto ocurrió para la primaria republicana para Representante Estatal del LD 29.
El acuerdo de culpabilidad incluye una sentencia de libertad condicional, una multa de al menos $5,500, y una prohibición de cinco años para buscar cargos públicos, no obstante, ciertos términos no son vinculantes para la corte.
La corte podría rechazar algunos aspectos del acuerdo en el momento de la sentencia; Smith está programado para ser sentenciado ante el juez Aryeh Schwartz el 6 de enero de 2026 a las 9:30 am.
La fiscal general Mayes declaró: “Falsificar firmas, incluyendo las de personas que han fallecido, para aparecer en la papeleta es ilegal, y erosiona la confianza en nuestras elecciones”; esta afirmación destacó el impacto negativo de tales acciones en la democracia.
Mayes añadió: “Mi oficina continuará responsabilizando a cualquiera que intente engañar al sistema y despistar a los votantes de Arizona” y con esto, reafirmó el compromiso de su oficina con la integridad electoral.
El caso de Smith subraya la importancia de mantener procesos electorales transparentes y libres de fraude; las admisiones de culpabilidad cierran un capítulo en un escándalo que había generado preocupación.
La resolución mediante un acuerdo evita un juicio prolongado; sin embargo, la sentencia final determinará las consecuencias precisas para Smith, quien enfrenta restricciones significativas en su futuro político.
Aunque el acuerdo establece penas específicas, el juez Schwartz tiene la discreción de modificarlas durante la audiencia, esto significa que los términos podrían ajustarse basándose en consideraciones judiciales.
La prohibición de cinco años para buscar cargos públicos es una medida notable; busca prevenir que individuos con historial de fraude electoral participen en el proceso democrático.
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El hecho de que Smith haya admitido su culpabilidad en cargos graves refleja la solidez de la evidencia presentada por la fiscalía y este resultado puede servir como disuasivo para futuros intentos de manipulación.
En conclusión, el caso refuerza los mecanismos de control para proteger las elecciones; la acción legal de la fiscal general Mayes demuestra que las violaciones serán perseguidas con rigor.
