Un legislador estatal propone implementar tecnología de limitadores de velocidad para infractores reincidentes. CORTESIA: Freepik
Un legislador republicano estatal propone implementar tecnología de limitadores de velocidad para infractores reincidentes, lo que representaría un cambio en el enfoque tradicional de sanciones de tránsito en Arizona.
El representante Quang Nguyen anunció una iniciativa legislativa que permitiría a los tribunales ordenar la instalación de un dispositivo limitador de velocidad en vehículos de conductores con infracciones repetidas o excesivas de exceso de velocidad
Este sistema serviría como un castigo opcional para quienes se enfrentan a una suspensión de licencia por speeding, ofreciendo una forma de mantener privilegios limitados para conducir al trabajo.
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“Esta es una alternativa; no estamos obligando a nadie a hacer nada”, aclaró Nguyen, enfatizando el carácter voluntario de la medida para quienes necesiten una licencia restringida.
¿Cómo funciona?
La tecnología, utilizada en el país por décadas, emplea el teléfono celular para limitar la velocidad y aceleración máximas del vehículo al límite de velocidad establecido.
Toby Taylor, de la Steer Safe Coalition, lo describe como “esencialmente un pedal muerto; el vehículo simplemente no acelerará más allá del límite”.
Los conductores no pueden desactivar el dispositivo, cuya instalación tarda una hora y tiene un costo estimado de $100 a $250, con una tarifa diaria de uso de aproximadamente $4.
El Departamento de Transporte de Arizona reporta que el exceso de velocidad causó un tercio de las muertes por choques en 2024, con 417 fallecidos y más de 20,000 heridos, superando las fatalidades relacionadas con el alcohol.
El dispositivo presenta limitaciones, ya que no puede reducir la velocidad del vehículo por sí solo en zonas de velocidad dinámica, como escolares o de construcción, dejando la responsabilidad en el conductor.
Esta es una reintroducción del proyecto HB 2786, que fracasó en 2025 a pesar de recibir apoyo bipartidista inicial; la oposición, incluidos republicanos del Caucus de la Libertad de Arizona, expresó preocupaciones sobre libertades individuales.
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La representante Rachel Keshel se refirió a la propuesta como “legislación niñera, que es anti-libertad”, temiendo enmiendas futuras más restrictivas.
Nguyen atribuyó el rechazo previo a malentendidos sobre el carácter optativo del dispositivo y se muestra optimista sobre un apoyo más amplio en la próxima sesión legislativa que comienza en enero.
Si se aprueba la ley, Arizona iniciaría un proceso de licitación para proveedores autorizados de los dispositivos; los periodos de uso obligatorio variarían según la ofensa, desde 90 días por carreras en carretera hasta un año por suspensiones de licencia de igual duración o una segunda ofensa de carreras.
