El líder comunitario Martín Hernández fue detenido por documentar actividad de ICE en Mesa y luego liberado tras presión de activistas. Foto: Cortesía / @raquelforarizona
El líder comunitario Martín Hernández, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación Local 99, fue detenido por el Departamento Policial de Mesa mientras documentaba actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Este del Valle; su arresto se produjo bajo el acuerdo 287g que autoriza a policías locales realizar funciones de inmigración.
La senadora estatal Analise Ortiz a través de una publicación en vivo en Instagram, confirmó que “hoy es 25 de noviembre y fue arrestado y acusado de allanamiento criminal”, mientras exigía su liberación inmediata y la retirada de todos los cargos en una declaración frente a las instalaciones policiales.
“Estamos aquí fuera donde su líder comunitario Martín Hernández está siendo detenido”, declaró la senadora Ortiz, añadiendo que “todos tenemos el derecho constitucional de documentar la actividad de las fuerzas del orden, especialmente mientras las actividades de ICE continúan intensificándose”.
La referencia explícita al derecho constitucional de filmar a las autoridades marca la postura legal que adoptarán los defensores de Hernández, en un caso que ejemplifica las tensiones entre las comunidades migrantes y los departamentos policiales que participan en acuerdos de colaboración con inmigración.
Te puede interesar: Aumenta preocupación por tácticas de ICE como ‘policía secreta’
La ex legisladora y líder activista Raquel Terán de Progress Arizona celebró posteriormente la liberación del activista afirmando que “logramos que sacaran a Martín Hernández y eso es porque nos organizamos, nuestros funcionarios electos respondieron al llamado”, en una muestra de la rápida movilización política que generó el incidente.
La misma Terán enfatizó la necesidad de solidaridad comunitaria ante lo que perciben como escalada represiva, diciendo que “las cosas continúan escalando y no dejaremos que este tipo de oficiales intimiden nuestro camino”.
El propio Hernández, una vez liberado, agradeció el apoyo y reforzó el mensaje de resistencia comunitaria, declarando que “todos necesitamos aparecer para nuestra comunidad porque las cosas continúan intensificándose y necesitamos estar allí para nuestra comunidad”.
El acuerdo 287g entre el Departamento de Mesa y el gobierno federal prácticamente convierte a oficiales locales en efectivos de inmigración, creando el contexto legal que permitió la intervención policial durante la documentación de las actividades de ICE que realizaba el líder sindical.
La situación ocurre en un momento de creciente tensión alrededor de las políticas migratorias que han aumentado exponencialmente en Arizona y donde los demócratas buscan capitalizar el descontento comunitario ante las prácticas de aplicación de ley que consideran excesivas.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Entérate primero que nadie de las noticias
La respuesta coordinada entre organizaciones civiles, sindicatos y políticos electos demuestra la eficacia de las redes de solidaridad, pero también revela la profundización de divisiones sobre el rol de las policías locales en materia migratoria.
El caso Hernández probablemente se convertirá en un símbolo de la lucha contra los acuerdos 287g; alimentando un debate que trasciende el incidente específico y apunta a políticas de aplicación de ley más amplias en el estado.
