La designación de Halligan, exasesora de la Casa Blanca, había sido impulsada personalmente por Donald Trump. Foto: Cortesía / The White House
Un juez federal desestimó las acusaciones contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, tras determinar que el nombramiento de la fiscal interina Lindsey Halligan en Alexandria, Virginia, resultó inválido según la ley estadounidense.
La jueza Cameron McGowan Currie falló que todos los actos derivados de dicho nombramiento carecían de validez legal, incluyendo las imputaciones presentadas contra ambas figuras públicas en un caso que había generado controversia política a nivel nacional.
“El intento del Fiscal General de instalar a la señora Halligan como Fiscal Federal Interina para el Distrito Este de Virginia fue inválido”, escribió Currie en su orden judicial.
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Añadió que por lo tanto: “todas las acciones derivadas del defectuoso nombramiento de Halligan constituyeron ejercicios ilegítimos del poder ejecutivo”.
La jueza destacó que estas decisiones, incluidos los procesos penales iniciados, quedaban formalmente anuladas sin perjuicio de posibles futuras acciones legales, lo que permitiría reabrir los casos si se cumplen los requisitos procedimentales adecuados.
La designación de Halligan, exasesora de la Casa Blanca, había sido impulsada personalmente por Donald Trump en medio de crecientes presiones para presentar cargos criminales contra sus adversarios políticos según fuentes cercanas al caso.
Los abogados defensores argumentaron que el período de 120 días que un fiscal interino puede ejercer sin confirmación senatorial había expirado, lo que convertía su nombramiento en ilegal y viciaba todas sus actuaciones posteriores, incluida la presentación de acusaciones ante un gran jurado.
Currie respaldó esta interpretación en su fallo, señalando que un nombramiento ilegal debe “invalidar” las acciones de Halligan, entre ellas la presentación de esas dos acusaciones específicas ante los jurados de acusación correspondientes.
“Las implicaciones de una conclusión contraria son extraordinarias”, advirtió la magistrada en su escrito; subrayando que “significaría que el Gobierno podría enviar a cualquier ciudadano privado de la calle, abogado o no, a la sala del gran jurado para obtener una acusación”.
Añadió con firmeza que “eso no puede ser la ley”, enfatizando los riesgos de talinterpretación para el sistema judicial.
Los fiscales que trabajaban bajo la supervisión de Halligan habían defendido que la fiscal general Pam Bondi poseía autoridad completa para designar a quien considerara cualificado, argumentando que el período de 120 días funcionaba como un sistema de verificación para los fiscales interinos.
No obstante, la corte rechazó este planteamiento por considerar que vulneraba los procedimientos establecidos para garantizar la independencia judicial, en un caso que refleja las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial durante la administración Trump.
Halligan había sido seleccionada para el cargo después de que la administración Trump destituyera al fiscal interino anterior en un contexto de creciente presión para avanzar en casos contra figuras percibidas como opositoras políticas del Presidente.
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El fallo constituye un revés significativo para los esfuerzos de enjuiciar a Comey y James, aunque la puerta permanece abierta a nuevas acusaciones siempre que se corrijan los defectos procedimentales identificados por la jueza Currie en su resolución de veintitrés páginas.
Este caso subraya la importancia de seguir los protocolos establecidos en los nombramientos judiciales interinos, particularmente en contextos políticamente sensibles donde la independencia de la justicia puede verse comprometida por influencias externas.
La resolución judicial coincide con un período de intenso escrutinio sobre la separación de poderes en Estados Unidos donde varios nombramientos de la administración Trump han enfrentado desafíos legales por presuntas irregularidades procedimentales.
Analistas constitucionales consideran que este fallo podría sentar precedentes para casos futuros, especialmente en lo referente a los límites temporales de los cargos interinos y la validación de sus actuaciones durante períodos de transición política.
